Trabajo convoca a los agentes sociales para la subida del SMI

Distintos miembros del Gobierno ya han venido anticipando en varias intervenciones públicas este verano que la subida del SMI se abordaría en septiembre, aunque la parte del PSOE, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, siempre ha sido partidaria de poner el tema sobre la mesa una vez se consolidara la recuperación económica.

Una postura que ha causado más de un revuelo y cruce de declaraciones con los socios de coalicios y con la ministra de trabajo Yolanda Díaz, partidaria de sacar adelante la medida cuanto antes. De hecho, su promesa llega ya con nueve meses de retraso.

La presión de los sindicatos también ha sido clave en este sentido. Sus representantes llegaron incluso a amenazar con abandonar las negociaciones de la reforma laboral y de las pensiones si no se abordaba ya la subida del SMI. Todo esto, sumado a los buenos datos de empleo de los últimos meses, ha generado el caldo de cultivo perfecto para que los partidarios de aplazar las negociaciones hayan cedido en sus posturas.

En principio, el Ejecutivo acude al encuentro solo para escuchar. Pero lo cierto es que su hoja de ruta ya está marcada por el reciente informe los expertos, en el que se recomendaba que el SMI, ahora congelado en 950 euros, se incremente este mismo año entre 12 y 19 euros, dependiendo de la evolución de los salarios, para llegar al 60% del salario medio al final de al legislatura, que rondaría los 1.060 euros.

Fuentes consultadas aseguran que no habrá marcha atrás en la decisión política. La única duda está en la cantidad que se pueda acordar. Frente a las recomendaciones del comité de expertos, los representantes de los trabajadores aspiran a que la subida sea, como poco, de 20 euros (con el IPC). Pero este objetivo no será fácil de conseguir. «La convocatoria es positiva, pero no quiero lanzar campanas al vuelo», ha indicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT tras recibir la llamada del Gobierno.

Los sindicatos empiezan a marcar su territorio y recuerdan que el salario mínimo tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero. «Esperamos que en la reunión podamos hablar no solo del año 2021, sino también de 2022 y de 2023», ha indicado Álvarez durante una entrevista en Radio Intereconomía.

Con esta postura, el encontronazo con la patronal está asegurado. Tras aceptar la última subida hasta los 950 euros actuales, los empresarios defienden que ahora hay que centrarse en la recuperación de la economía y del empleo. Y se manifestarán en contra de cualquier propuesta que implique volver a subir salarios, con una firme oposición por parte de los sectores más afectados por la crisis. Aquí el Gobierno tendrá que ser especialmente cuidadoso en las negociaciones, pues la patronal, igual que los sindicatos, ha sido clave para sacar adelante reformas tan importantes en los últimos meses como la de las pensiones.