Garamendi, a Yolanda Díaz: «Si no permite despedir, que monte ella una empresa»

Pero lo que rechazan desde la patronal es cualquier medida que coarte la libertad de las empresas. Y consideran que al menos dos de las que este martes aprobó el Consejo de Ministros son una «intervención a la economía»: el nuevo veto al despido y el límite del 2% a la subida de las rentas de los alquileres.

Su presidente, Antonio Garamendi, criticó sin ambages la nueva prohibición que establece el Gobierno para las empresas que se beneficien de las ayudas directas de utilizar como causa de despido objetivo el encarecimiento de los precios energéticos; de lo contrario, tendrán que devolver todo el dinero público recibido. Esta prohibición se suma al compromiso de mantener el empleo durante seis meses para aquellas compañías que se acojan a un ERTE.

Por ello, Garamendi atacó con dureza a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de la que partió esta idea que la vicepresidenta Calviño limitó a las compañías que reciban ayudas. «Si a la ministra le parece muy bien que no se pueda despedir, que monte una empresa ella y que lo haga», espetó Garamendi, que tachó de «peligroso» unas medidas que suponen «intervenir la economía en lo que es la libertad de acción y de empresa».

«Si estamos en el mundo libre, no nos parece muy adecuado este planteamiento», señaló el presidente de la CEOE, que calificó de «sorprendente» este anunció y destacó que estas medidas no habían sido consensuadas en el diálogo social. «A veces parece que a la gente le divierte despedir, pero las empresas están en un momento muy complicado», se lamentó.

La respuesta de la ministra de Trabajo no se hizo esperar y lanzó reiteradamente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un «mensaje claro y directo» dirigido a todos los empresarios: «En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social no hay que despedir. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir. No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir».

Y, más concretamente, emplazó a Garamendi a tener la «suficiente empatía» para entender y explicar al país que no se puede recibir dinero público y, a la vez, despedir, sobre todo a los colectivos «más débiles» del mercado, como son –precisó– los jóvenes y las mujeres. Por otra parte, le rebatió que no haya sido negociado con ellos y le recordó que «él mismo» aceptó una cláusula idéntica en la gestión de la crisis por la pandemia que ha sido «muy eficaz».

Díaz advirtió a su vez que, en caso de que realicen despidos y acudan a los tribunales, serán los jueces en última instancia los que determinarán si el despido es injustificado (y por tanto obliga a indemnizar con 33 días por año trabajado en lugar de los 20 del despido objetivo) o incluso lo declara nulo y, en tal caso, el trabajador puede elegir reincorporarse a la empresa.