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Los funcionarios quieren la subida del 2% ya pactada ya en enero, se haya formado ya el nuevo gobierno o no. Por eso, y ante la negativa del actual presidente en funciones Pedro Sánchez a aprobarlo estando en funciones, se movilizarán el próximo jueves, con ... concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones de todo el país. Así lo anunció este martes el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, en rueda de prensa, quien reclamó al Ejecutivo que haga efectiva esta subida en enero a través de un Real Decreto, tal y como pretende hacer con al revalorización de las pensiones.
Se trata de una medida de presión para tratar de hacer cambiar de idea a Sánchez, quien el pasado mes de octubre envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida a que el Ejecutivo esté «en plenas funciones», aunque se comprometió a hacerlo y que, de retrasarse, sería con carácter retroactivo. Algo que no contenta a los sindicatos y desde CSIF advirtieron que los más de 2,5 millones de empleados públicos «no van a tolerar que se retrase ni un día» una subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado, puesto que el Ejecutivo está «facultado» para dictar dicha norma.
En este sentido, recordó que este miércoles la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidará cuatro decretos sobre parámetros retributivos del sector eléctrico; la organización de la Cumbre contra el Cambio Climático; medidas sobre administración digital y contratación en el sector público; y la paga de diciembre de los pensionistas. «Con todo el respeto, los parámetros retributivos del sector eléctrico no creo que sean más importantes que el salario de los funcionarios públicos», apuntó Borra.
Así, desde CSIF avisaron que continuarán con más medidas de presión tras las movilizaciones si el Gobierno no ejecuta lo pactado en el II Acuerdo de mejora en el empleo público y recordaron que desde la crisis los funcionarios todavía arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 20% derivada de los recortes que les hicieron.
Pero además destacaron «la situación de deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas», que tiene una tasa de temporalidad cercana al 28%. A su vez, denunciaron que sólo se han llevado a cabo el 20% de las convocatorias para las 250.000 plazas acordadas en 2017.
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