Cómo funcionan los ERTE en el resto de Europa

El modelo germano del expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) español, el llamado 'Kurzarbeit', es el más antiguo del mundo y está regulado en la legislación laboral de Alemania desde 1924, aunque desde entonces ha sufrido varias modificaciones. Desde 2016 tiene una duración máxima de 12 meses, aunque debido a la pandemia de coronavirus ese margen de tiempo ha sido ampliado por el Bundestag, el parlamento federal, hasta un máximo de 21 meses o el final de 2021 con el fin primordial de evitar despidos.

A través de la Agencia Federal de Empleo, el ERTE alemán cubre el 60% de los ingresos netos del trabajador (67% si tiene hijos), pero con la pandemia ha sido aumentado al 70% y 77%, respectivamente, de manera inicial, y al 80% y el 87% del salario neto a partir del séptimo mes de la aplicación de la medida. Además, se exoneran todas las cuotas.

En septiembre 3,7 millones de trabajadores alemanes estaban sometidos a 'Kurzarbeit'. En junio eran 5,4 millones. La Agencia Federal de Empleo calcula que el 'Kurzarbeit' tendrá un coste solo este año de 19.000 millones de euros, frente a los 225 millones presupuestados para 2020, antes de conocerse la existencia del virus.

«'Kurzarbeit' es nuestro modelo de éxito con el que garantizamos los ingresos de millones de trabajadores y sus familias», ha declarado el ministro federal de Trabajo, Hubertus Heil. Este reconoce que la medida para salvar puestos de trabajo es «muy cara», pero subraya que «el desempleo masivo» sería mucho más caro aún para las arcas del Estado. El Gobierno alemán considera ese instrumento fundamental para proteger el mercado laboral. Su funcionamiento ha hecho que el número de parados en Alemania no suba de los tres millones y que la tasa de desempleo se mantenga por debajo del 6%.

El Gobierno británico extendió hasta marzo de 2021 el programa original de protección laboral frente al coronavirus (CJRS), que debía expirar en octubre. El empresario puede solicitar el 80% del sueldo de la plantilla, hasta un máximo de 2.800 euros mensuales por empleado, y debe contribuir con las cuotas de Seguridad Social y pensión.

No hay límites en el número de trabajadores que la empresa decida inscribir en el ERTE británico, aunque se requiere el permiso del afectado. Pocas empresas aportan el 20% restante del salario. El coste del programa se estima en unos 5.600 millones de euros al mes y el Gobierno piensa revisarlo en enero. En la etapa inicial del CJRS, hasta el 31 de octubre, se protegieron nueve millones de empleos, según datos ministeriales.

Por otra parte, el trabajador autónomo puede solicitar hasta el 80% del promedio de los beneficios que tuvo en los últimos años, hasta un máximo de unos 8.400 euros al mes y por un limitado periodo de tiempo.

El Gobierno francés presume de tener uno de los sistemas de desempleo parcial – un mecanismo equivalente al ERTE español– más generosos y protectores de Europa durante esta crisis sanitaria.

Los franceses en 'desempleo parcial' recibirán hasta el 31 de diciembre una indemnización del 70% de su salario bruto anterior, es decir, del 84% de su salario neto, con un techo de 4,5 veces el salario mínimo interprofesional. A partir del 1 de enero, pasará al 60% mínimo de su salario anterior bruto o a un 72% del salario neto.

A quienes cobran el salario mínimo, el Estado francés les remunera con el 100% para evitar que pierdan poder adquisitivo. 

Aquellos sectores que han sido objeto de un cierre administrativo debido a la crisis sanitaria, como por ejemplo bares y restaurantes, a los trabajadores se les remunerará el 100% hasta por lo menos el 31 de diciembre.

En el mes de octubre había 1,6 millones de franceses en ERTE. En abril, en el momento más fuerte de la crisis sanitaria en primavera, llegaron a ser 8,6 millones de franceses los que se acogieron a este dispositivo.

Con un nuevo decreto aprobado a finales del mes pasado, el Gobierno de Giuseppe Conte anunció que dedicaría hasta 1.600 millones de euros para las ayudas a los trabajadores de las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus que se han visto obligadas a realizar expedientes de regulación de empleo temporales. Los miembros de la plantilla afectados reciben así hasta el 80% de su sueldo ordinario, que es aportado por el Estado, durante un nuevo período de seis semanas adicionales que van desde mitad de noviembre hasta finales de enero de 2021. Se espera que antes de que se cumpla esa última fecha el Ejecutivo anuncie una nueva prórroga de las ayudas, como exigen los sindicatos, pues hay empresas, principalmente del sector turístico, que temen no poder reabrir al menos hasta Semana Santa.

El Gobierno sólo permite que accedan a estos fondos los empleados de actividades suspendidas con el último decreto, como ocurre con los cines, teatros y museos, así como los de las empresas que ya tuvieron que solicitar estas ayudas en los meses anteriores. Uno de los grandes problemas ligados a los expedientes ha sido la tardanza en el cobro, aunque la situación ha mejorado estos últimos meses. A principios de noviembre sólo quedaban 12.000 de los más de 13,8 millones de trabajadores que se habían acogido a estas ayudas sin recibir ningún pago por parte del Estado.

El Gobierno federal belga decidió el 6 de noviembre retomar las ayudas al desempleo temporal por razones de fuerza mayor, la versión de los ERTE españoles. El trabajador asalariado recibe una indemnización equivalente al 70% de su salario mensual bruto (con un máximo de 2.754,76 euros), con un suplemento de 5,63 euros por cada día sufragado por el servicio la ONEM, la Oficina Nacional de Empleo. Esta medida se reactivó con efecto retroactivo desde el 1 de octubre y permanecerá en vigor hasta el 31 de marzo de 2021, con posibilidad de prórroga.

El Gobierno liberó también 200 millones como complemento al personal sanitario que se suma al cheque para consumo de 300 euros netos y al incremento salarial anunciado meses atrás y que supone en torno a 600 millones para las arcas públicas. Para los autónomos, se establece una cobertura de hasta 2.583,4 euros al mes que con cargas familiares se incrementa hasta los 3.228,2 euros. Este derecho se mantiene aún cuando los titulares de negocios de restauración y hostelería, por ejemplo, hayan estado operativos con servicios para llevar. Y acompañado de prórroga en el pago de impuestos.

Para la población más vulnerable, perceptores de la renta de integración (en torno a medio millón de personas), se activa una prima de 50 euros mensuales.

Los devastadores efectos que la pandemia de covid está teniendo en la economía rusa, que ha entrado en recesión tras sufrir su PIB una contracción del 3,6 % en el tercer trimestre, ha movilizado los recursos del Gobierno para hacer frente a la situación. El ERTE no está recogido en la legislación rusa. La única ayuda tangible a quienes están perdiendo sus puestos de trabajo está siendo el subsidio de desempleo.

En la capital rusa tal dotación es de 19.500 rublos al mes (unos 216 euros); en la región de Moscú, de 15.000 rublos (166 euros), y en la mayoría de las regiones de Rusia, de 12.130 rublos (135 euros). Los que tienen hijos menores de 18 años reciben además 3.000 rublos por cada uno de ellos. A las familias se les está permitiendo también aplazar los pagos de los llamados 'servicios comunales' (agua, calefacción, gas y electricidad). Pero el sentir general es que tales ayudas son insuficientes.

Por si fuera poco, esta misma semana la publicación digital 'rabota.ru' reportaba que solamente un 23% de la población rusa dispone de ahorros o cuenta con 'un colchón financiero' en caso de quedarse sin empleo. De ellos, la mitad aguantarían sin ingresos entre seis meses y un año.

Pero el primer ministro, Mijaíl Mishustin, anunció a mediados de noviembre que su prioridad es intensificar las ayudas a la pequeña y mediana empresa, como «motores de la creación de empleo», mediante el aplazamiento del pago de impuestos y con nuevas exenciones fiscales durante otros tres meses.

Según Mishustin, las nuevas medidas beneficiarán a los autónomos, «a quienes trabajan en el ámbito de la cultura, el turismo, la hostelería, la restauración, el ocio y el deporte».

(Con información de Juan Carlos Barrena -Alemania-, Lourdes Gómez -Reino Unido-, Beatriz Juez -Francia-, Darío Menor -Italia-, Salvador Arroyo -Bruselas- y Rafael M. Mañueco -Rusia-).