Fedea aboga por permitir a las empresas despedir y rebajar sus penalizaciones

Fedea se une así a la petición realizada por la CEOE de flexibilizar la cláusula de salvaguarda del empleo en la última prórroga de los ERTE, una medida que también defendió el Banco de España pero que, sin embargo, rechazó el Gobierno, que mantuvo las mismas condiciones en la nueva ampliación.

«La prórroga de los ERTE es necesaria por el alargamiento de la crisis, pero esta medida no es suficiente (incluso en combinación con mecanismos de apoyo a la liquidez) para garantizar la supervivencia de las empresas viables en los sectores más afectados», asegura Fedea, que ve «necesario» permitir que aquellas empresas que lo necesiten puedan ajustar sus plantillas y, para ello, considera que las penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo han de ser «proporcionales» a los despidos realizados, en vez de suponer la devolución de todas las ayudas recibidas mediante exoneraciones de cuotas sociales ante el mínimo incumplimiento. Ésta fue precisamente una de las reivindicaciones que hizo la patronal en la última negociación: que las empresas no tengan que devolver las cuotas de todos los trabajadores en plantilla y que sea solo de los empleados a los que se rescinda el contrato, o, como mínimo, del centro de trabajo.

Fedea sostiene que existen «sólidos argumentos económicos» a favor de la demanda patronal de que las penalizaciones sean proporcionales a los despidos realizados. A su juicio, tanto la salvaguarda de empleo como la llamada prohibición de los despidos tenían su lógica al inicio de la crisis, con ayudas generalizadas para un confinamiento que se pronosticaba de corta duración. Sin embargo, «a estas alturas de la pandemia muchas empresas sufren graves dificultades económicas por causas ajenas a su gestión que eran imprevisibles en marzo», afirma esta federación, que advierte de que en estas circunstancias la amenaza de tener que devolver todas las ayudas solo consigue retrasar los necesarios ajustes de plantilla en las empresas con ERTE y en algunos casos podría poner en peligro su supervivencia.

En este sentido, Fedea hace hincapié en que se trata de la penalización más alta en toda Europa y que puede producir «efectos contraproducentes», empujando a las empresas a prescindir de parte de sus plantillas antes de solicitar el ERTE. También señala que puede ser contraproducente denegar a las empresas la posibilidad de efectuar despidos por problemas relacionados con la crisis de la covid, cuando la pandemia ha provocado un considerable deterioro de su situación económica y los despidos pueden mejorar sus probabilidades de supervivencia.

Además de la extensión de los ERTE y una mayor flexibilidad ante los ajustes de plantilla, Fedea defiende que, ante el alargamiento de la crisis, el Gobierno debe poner en marcha subvenciones directas para ayudar a cubrir los costes fijos a los sectores más afectados por cierres o restricciones administrativas y a los que han sufrido pérdidas elevadas y persistentes de ingresos como resultado de la pandemia, como pueden ser los créditos participativos o la deuda tributaria de carácter contingente. Otra opción que manejan es la conversión de garantías públicas en ayudas no retornables o en alguno de los instrumentos híbridos ya mencionados.

Por otro lado, Fedea difiere de las estimaciones del Gobierno y frente a los 2,9 millones de contagiados de la estadística oficial, considera que España cerró 2020 con 6,5 millones de personas contagiadas y con 6,8 millones de trabajadores en una situación de infrautilización, ya sea por estar en paro, ERTE, con un subempleo o desanimados.