UGT y CC OO reclaman una salida sociolaboral para los 23.800 parados mayores de 55 años

Según advierten desde UGT de Castilla y León, los diferentes niveles de protección social en España y Castilla y León están siendo estudiados y valorados para mejorar sus competencias y poder así ser más eficaces en su objetivo principal, garantizar la asistencia y la prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

El momento es crucial, ya que «este estudio y valoración en el ámbito estatal puede marcar el futuro más inmediato de la prestación por desempleo y de los diferentes subsidios, así como de los programas temporales Prepara y PAE, que agotan su vigencia el próximo 30 de abril de 2018».

Además, «en próximas fechas iniciamos en Castilla y León las negociaciones del plan anual de políticas de empleo para 2018 (Papecyl)», explicaron desde la Secretaría de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, que ocupa Raúl Santa Eufemia. Para el sindicato, existen dos objetivos prioritarios: «por un lado la creación y mantenimiento de empleo de calidad y, por otro, garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes a los ciudadanos sin recursos».

«Todas las medidas acordadas en Castilla y León deben están en consonancia con las líneas que se marquen en el ámbito estatal en los próximos meses, ya sea en materia de contratación como en prestaciones o subsidios para los trabajadores» más necesitados, argumentaron.

Como en la mayoría de ámbitos, pero en este quizá más, UGT y CC OO mantienen unidad de acción y con esta premisa consideran «como primer factor prioritario» buscar «una salida sociolaboral para los desempleados de 55 años o más que no reciben ningún tipo de prestación, a través de diferentes medidas entre las que está la contratación por un año por parte de las entidades locales».

Según señaló la semana pasada el consejero de Empleo en la presentación de los presupuestos de su departamento, el plan local 2018 contará con un total de 40 millones, más la cofinanciación de las entidades locales, y tendrá una línea específica para los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía «como fórmula adecuada para su integración o retorno al mercado laboral ordinario».

Como segundo factor prioritario, explicaron desde UGT de Castilla y León, «la cantidad económica destinada a los trabajadores desempleados sin prestación debe aumentar con el objetivo de aumentar sus medios y encaminarlo hacia la reinserción laboral. En esta medida debemos analizar los resultados de las anteriores convocatorias y revertir los resultados hacia un gasto total del dinero convocado».

No en vano, uno de los mayores caballos de batalla de los últimos tiempos en las reuniones del Diálogo Social ha sido el ya caducado Programa de Inserción y Empleo (PIE), cuyo reducido plazo de inscripción y escasa difusión han hecho que llegasen a quedarse sin gastar hasta cinco de los siete millones de euros con los que estaba dotado. «Esto no se puede permitir cuando tenemos tantos miles de desempleados sin ninguna ayuda. Hay que afinarlo mucho más de cara a 2018 porque en el caso de que vuelvan a quedar fondos sin gastar, deben ir obligatoriamente a otras líneas relacionadas con el empleo», manifestó Santa Eufemia.

Volviendo a la cruda realidad de los datos, la enorme duración de la crisis y lo lento y parcial de la recuperación han causado estragos tanto en el sistema de protección, como en las perspectivas laborales (y vitales) de miles de trabajadores, sobre todo los de mayor edad y encuadrados en los sectores y actividades de menor cualificación. Muchos de estos últimos hace tiempo que han visto cómo se les agotaban las prestaciones contributivas, pese a tener derecho a su percepción máxima, de dos años. Hace ya meses que en Castilla y León se pagan más ayudas asistenciales que contributivas (de ámbito estatal), y eso sin contar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de la comunidad.

Según las últimas estadísticas, mientras la prestación llega a 30.649 castellanos y leoneses; el subsidio de desempleo lo cobran 27.857; el plan Prepara 2.043; el Plan de Activación para el Empleo (PAE), 1.340 y la Renta Activa de Inserción (RAE), 7.632. La RGC llega a 38.060, según informó la Junta en octubre. Sumados dan un total de 107.373.

Mientras, la EPA estima que hay 147.700 parados y el SEPE tiene registrados 161.913.