CSIF exige que los funcionarios recuperen las pagas extras íntegras perdidas en 2010

CSIF calcula que cada año los funcionarios del nivel A1 (médicos o jueces) están dejando de cobrar 1.600 euros por este recorte, los del grupo A2 (enfermeros o maestros) están perdiendo 1.200 euros, y los del grupo C1 (policías o administrativos), unos 500 euros. En total, el sindicato calcula que esta medida que de extraordinaria ya ha tomado carácter de «estructural» ha supuesto un recorte de 30.000 millones de euros para más de dos millones de empleados públicos desde 2010.

Además, denuncian que esta situación se suma a la pérdida de un 18% de su poder adquisitivo desde ese mismo año como consecuencia de no revalorizar los salarios con la inflación. En 2022 perdieron cinco puntos de poder de compra (el IPC fue del 8,5% y su subida salarial del 3,5%), por lo que se dirigieron al presidente del Gobienro para renegociar las condicionales salariales de los empleados y mejorar sus condiciones laborales.

A su juicio, esta situación es la que está provocando conflictos en muchos ámbitos de la administración: justicia, sanidad, seguridad social, empleo, inspectores de trabajo, etc. «Si Gobierno y las diferentes administraciones no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos, nos veremos abocados a un conflicto generalizado y global en el ámbito de lo público», advirtió el presidente del sindicato, Miguel Borra.

Aseguran que CSIF se ha dirigido al Gobierno en reiteradas ocasiones para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, pero no ha sido aceptada la propuesta. Por ello, esperan que la mesa del Congreso esté «a la altura de las circunstancias» y autorice el trámite de recogida de firmas «teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados públicos durante estos años y la importancia de su trabajo en la reciente pandemia».