Un contrato que ni es para jóvenes ni sirve para formarse y encontrar un empleo

Sin embargo, pese a tener una incidencia prácticamente insignificante en el mercado laboral español, el coste que tiene para las arcas públicas es elevado y asciende a más de 2.144 millones de euros para el periodo 2013-2018, alcanzando casi los 3.000 millones si la formación se realiza en modalidad presencial y no telemática, según estima CC OO en un informe publicado hoy.

El sindicato liderado por Unai Sordo denuncia además que la finalidad para la que se creó -que no es otra que formar a los jóvenes que no están cualificados para que consigan un empleo- se ha «desvirtuado» y se aleja cada vez más de ser «una verdadera apuesta por la empleabilidad y el empleo de los más jóvenes sin cualificación, convirtiéndolo en instrumento de precarización e inestabilidad laboral».

En primer lugar, CC OO pone encima de la mesa los datos que corroboran que el destinatario de este tipo de contrato, los más jóvenes, ya no lo son tanto y se ha producido un progresivo envejecimiento de sus beneficiarios. Así, aunque en su diseño original se dirigían a los menores de 25 años, en la actualidad el 54% de las personas contratadas supera esa edad, más después de que en 2012 se aprobara elevar de 25 a 29 años la edad máxima para firmar estos contratos, condicionado a que la tasa de paro estuviera por encima del 15%, requisito que ha desaparecido y, por tanto, no admite a mayores de 25 años. De esta forma, el efecto combinado del desempleo juvenil y la precarización incentivada del contrato hicieron que, entre 2007 y 2018, el porcentaje de personas menores de 19 años pasó de ser el 71% al 13%. Y es más: el año pasado el 28% de los contratos para la formación y el aprendizaje se formalizó con mayores de 30 años (se permite para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social en empresas de inserción y alumnos de escuelas-taller u otros programas de empleo).

CC OO también considera que se ha «alterado» la naturaleza del contrato en lo referente a la cualificación, puesto que el número de personas contratadas con formación profesional superior o estudios universitarios se ha duplicado, a pesar de que este colectivo está excluido. Así, en 2018 el 11% de estos contratos se realizaron a personas con formación profesional o estudios de grado, supuestamente por carecer de cualificación relacionada con dicha ocupación, mientras que solo el 36% se formalizaron con personas sin estudios o con estudios primarios. «Esto posibilita que una mujer con la carrera de Medicina pueda ser contratada como camarera», advierten desde el sindicato.

Además, «tampoco parecen haber mejorado las oportunidades de los jóvenes para encontrar un empleo de calidad», resalta el informe, puesto que hay una presencia elevada de las contrataciones destinadas a las ocupaciones más elementales. El sector servicios es el que acapara un 92% de estos contratos; más concretamente van dirigidos en su mayoría a dependientes de tiendas, camareros, 'kellys', personal de limpieza y peones, mientras que los sectores de la construcción y la industria, donde están las ocupaciones más cualificadas, apenas superan el 10%.

Por esto CC OO reclama al Gobierno una reforma que responda a los fines de la formación profesional dual, que sea acordada con las organizaciones sindicales y las empresariales, dado que los contratos de formación y aprendizaje juvenil «paradójicamente no han ocupado a los más jóvenes, como era su finalidad, ni han mejorado su cualificación e inserción en el mercado laboral».