Escrivá se enfrenta a la primera huelga general en la historia de la Seguridad Social

Así, justo un justo un día después de que el ministro quitara hierro a estos problemas y, visiblemente enfadado con las acusaciones del PP en el Congreso, calificara de «bulos y mentiras» que sea necesario pedir una cita previa para acudir a una de las oficinas, los sindicatos le responden con un hecho insólito: el anuncio de la primera huelga general en la historia de este organismo público que se destina a la gestión de prestaciones tan importantes como las pensiones, ayudas de autónomos e ingreso mínimo vital (IMV), entre otras.

CSIF y CC OO acordaron este jueves el inicio de una nueva campaña de movilizaciones para denunciar la falta de efectivos en la Seguridad Social; el envejecimiento de las plantillas; el retraso en las citas y, por tanto, en el reconocimiento de las prestaciones; el cierre de oficinas así como el incumplimiento general de los acuerdos de personal. Pese a que los detalles más concretos los anunciarán este viernes en una rueda de prensa, sí avanzaron que llevarán a cabo paros parciales de una hora todos los viernes, de 10.30 a 11.30 horas, y una huelga de 24 horas el próximo 7 de septiembre en todos los centros.

Ambos sindicatos acusaron a Escrivá de «falta de voluntad» para dar una solución negociada a estos problemas. Además, denunciaron la «falta de compromiso» por parte del ministerio para cumplir el Plan Estratégico para la Seguridad Social y advirtieron de que «ha fracasado desde un principio por la ausencia de un diagnóstico real de la situación, de incentivos reales y la falta de vocación de cumplimiento a corto o largo plazo».

CC OO señaló que las medidas que deben dar salida, que afectan directamente a las condiciones de trabajo de la plantilla, son las relativas al trabajo a distancia, calendario laboral, formación, prevención, productividad, acción social, provisión de puestos de trabajo, aplicación de fondos adicionales, promoción interna, jubilación parcial, estabilidad en el empleo y oferta de empleo público, iniciativas que –recalcaron– están «abandonadas en el tiempo» e inciden directamente en la organización y gestión.

«Ante esta situación caótica, con el fin de dar salida a la problemática por la que está atravesando actualmente la Seguridad Social, nos vemos obligados a subir el nivel de reivindicación», avisaron los sindicatos. Esta campaña se suma a la que desde hace meses lleva a cabo la Inspección de Trabajo contra la ministra Yolanda Díaz, que ya ha sufrido dos huelgas generales inéditas en este colectivo.

Esta campaña de movilizaciones evidencian que las medidas que Escrivá está poniendo en marcha para agilizar las citas en la Seguridad Social, que tienen aún listas de espera de hasta tres meses en algunos territorios, y aliviar la carga de trabajo del personal no están siendo efectivas. La última iniciativa, la de premiar con 6 euros adicionales a su sueldo por cada cita que atienda un funcionario fuera de su jornada laboral, ha indignado a los sindicatos. CC OO rechaza realizar cualquier tipo de hora extraordinaria y defiende que la vía para sacar adelante el trabajo y desatascar los cuellos de botella es que se haga una oferta de empleo pública extraordinaria. «El personal no está dispuesto a realizarlas», señaló a este periódico Dolores Panero, de CC OO, que sostiene que eso generaría cuellos de botella en otros departamentos con los que trabajan.

Las recetas que pretende implantar el ministro pasan por reducir el tiempo de atención al ciudadano a 10 minutos y nunca superar los 15, abrir oficinas por la tarde, incrementar el número de personas atendidas a diario por cada funcionario y atender sin cita previa a determinados colectivos.

Además, Escrivá negocia con Hacienda poder contratar interinos aunque no hayan aprobado la oposición, puesto que había prometido incorporar 2.000 de manera inmediata, 3.200 en el primer semestre y 4.000 a lo largo de todo el año. Trata así de paliar el déficit de personal después de que se hayan perdido 10.000 funcionarios en la última década y la plantilla ahora se haya reducido a poco más de 24.000 trabajadores. Sin embargo, esta solución indigna a altos funcionarios del Estado, que temen que esta sea otra vía para desprestigiar al organismo público.