Cataluña quiere fijar un salario mínimo propio de 1.239 euros al mes

Esto supone una subida del 37,7% respecto al actual SMI, que está fijado por ley para todo el territorio nacional en 900 euros al mes después de que en enero registrara el mayor incremento de las últimas tres décadas al impulsarse un 22,3%, algo que generó críticas tanto desde los empresarios como desde diversos organismos públicos, como el Banco de España, que advirtió que esta medida podía destruir empleos.

Desde la Generalitat son conscientes de que no pueden llevar a cabo esta medida puesto que no les compete, pero pretenden irla implantando progresivamente en la región a través de la negociación colectiva, de la contratación pública y de la política salarial. Es decir, que los funcionarios que trabajen para el Gobierno catalán pasarían a cobrar como mínimo 1.239 euros mensuales, así como los empleados de las empresas concesionarias. «Somos conscientes de que hay limitaciones competenciales en esta materia, que es el Gobierno del Estado quien fija el SMI por ley, pero también somos conscientes de que esto no obvia las posibilidades que tenemos de incidir y de ir aumentando las retribuciones salariales de Cataluña», explicó Aragonès.

Desde el Gobierno estatal, en plenas negociaciones para lograr la abstención de los nacionalistas a una investidura de Pedro Sánchez, pidieron «prudencia» ya que dijeron desconocer «el trasfondo que tiene esta propuesta o estudio del Gobierno catalán». Así se manifestó la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, quien no obstante sí quiso recordar que el SMI «es único para todo el territorio nacional».

Pero incluso esta fuerte subida del Salario Mínimo en Cataluña fue cuestionada desde los sindicatos, que siempre abogan por la necesidad de aumentarlo. «La Generalitat tiene unas competencias y entre ellas no está la del SMI», resaltó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien sí aprovechó para decir que lo que sí que sería bueno es que las administraciones locales y la autonómica catalana subiera el SMI donde puedan y tengan competencia, porque «vendría muy bien a los trabajadores de Cataluña y sería un ejemplo».

En esta línea, su homólogo de CC OO, Unai Sordo, criticó que «es bastante más fácil hablar de lo que competencialmente no puedo hacer que de lo que sí puedo hacer» y apostó por que la Generalitat promueva que todas las empresas que trabajan para la Generalitat accedan a pliegos de condiciones para tener salarios mínimos por encima de los 1.239 euros.

Más duros incluso se mostraron desde CSIF, que calificaron este anuncio de «demagogia» en lo que consideran se trata de «una nueva provocación por parte de las autoridades catalanas dentro del clima de crispación política que hay». Por ello, exigieron al Gobierno catalán que «no juegue con los empleados públicos» y le retaron a que, en lugar de anunciar medidas imposibles, se pongan al día con sus cuentas para que se pueda abonar a los funcionarios las pagas extras que todavía les deben.