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Burgos es la provincia de Castilla y León donde más ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) se han presentado ante la Junta de Castilla y León durante el estado de alarma surgido a raíz de la COVID-19.
La Junta ha recibido 4. ... 822 solicitudes de ERTE de empresas con centro de trabajo en Burgos desde el lunes 16 de marzo hasta las 14 horas de este 13 de marzo. Estos expedientes afectan a 32.208 trabajadores burgaleses.
Si bien Burgos no es la provincia en la que más ERTE se han presentado, la superan León con 5.972 expedientes y Valladolid con 6.676, sí es la provincia en la que más trabajadores afectados hay. En León estos ERTE afectan a 20.798 trabajadores y en Valladolid a 29.510 personas.
Valladolid, León y Burgos suman, por este orden, más de la mitad de los 30.661 ERTE presentados ante la Junta en la región. La Junta ha recibido 30.661 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de empresas con centros de trabajo en Castilla y León en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Estos expedientes afectan a un número potencial de 171.269 trabajadores en la comunidad.
Conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación es:
- Las OTT de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia.
- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.
- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.
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