Los beneficiarios de rentas mínimas se triplican tras la crisis

La crisis disparó en España el número de hogares en riesgo de pobreza o exclusión y, diez años después, la tasa aún supera en casi dos puntos la registrada en 2008, al situarse en el 21,5%, una de las más altas de Europa. Esto supone que más de uno de cada cinco habitantes carece de recursos suficientes para satisfacer las necesidades de primer orden, lo que pone en duda la eficacia de estas ayudas. Así lo advierten desde Funcas, que, después de realizar un exhaustivo análisis, concluye que «persisten las debilidades» de estos sistemas de rentas mínimas pese a haber mejorado su cobertura, y destaca las «diferencias significativas» que existen entres las comunidades autónomas, que son las encargadas de diseñarlos.

Estas desigualdades comienzan en primer lugar por las distintas denominaciones que se utilizan (aunque en este caso no tiene repercusión) y por los destinatarios, ya que aunque todas se dirigen a las personas en situación de desempleo, algunas incluyen además a trabajadores y pensionistas en situación de escasez de recursos (como sucede, por ejemplo, en el País Vasco). Pero también presentan diferencias tanto respecto a la cuantía y los requisitos necesarios para acceder a la prestación, como respecto a la duración máxima de la ayuda (algunas de carácter indefinido), la compatibilidad con otras rentas o su condicionalidad a la participación en programas de activación laboral. En este sentido, aunque el importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del Estado alcanza aproximadamente los 450 euros, la cantidad puede oscilar entre los 300 euros de Melilla y 388 de Valencia hasta los casi 700 euros que se abona como mínimo en el País Vasco.

Paradójicamente, aunque debería suponerse que precisamente son las regiones con unos índices más elevados de pobreza y de desempleo (la brecha roza incluso los 30 puntos) las que cuentan con unas ayudas más generosas, tanto respecto a su cuantía como por su extensión en el tiempo, no es así, según se pone en evidencia este estudio.

Así, País Vasco, pese a ser la autonomía con un umbral de pobreza más bajo, del 8,6%, lo que supone una cuarta parte de la que registra Ceuta (38,3%) o Extremadura (37,6%), cuenta con el programa más generoso del país, hasta el punto de que la renta asciende a 672 euros al mes, e incluso puede rozar los 950 euros para los hogares compuestos por tres o más personas, ingresos que además pueden contabilizarse con otras ayudas. Para más inri, está a la cabeza en número de beneficiarios, con más de 142.000, es decir, un 18% del total, y su duración es indefinida, siempre y cuando se cumplan los requisitos, a los que pueden acceder también los emigrantes. Por el contrario, los extremeños, con los peores valores tanto en la tasa de pobreza como de desempleo, son los que cuentan con unas prestaciones económicas mucho más reducidas: 430 euros y durante un tiempo máximo de 12 meses. Además, el número de beneficiarios se reduce hasta los 16.853.

A la vista de estos resultados, Funcas defiende que el sistema de protección a los más vulnerables «puede mejorar, incluso sustantivamente, en algunos aspectos» y aboga por un «aumento de las transferencias sociales monetarias y, en especial, por un diseño más redistributivo». Ahora bien, advierte de que habría de llevarse a cabo «de tal modo que no distorsionen ni la creación de empleo ni un funcionamiento tan flexible de los mercados de trabajo como el que tienen países con tasas de riesgo de pobreza tan bajas, en particular, los nórdicos». En cualquier caso, recuerda que se trata de competencias autonómicas y que resultaría difícil proponer una armonización estatal de mínimos que no fuera cuestionada por Europa.

A su vez, concluye que estas rentas son «eficaces» en la disminución de la pobreza, mientras que los efectos a la hora de desincentivar el empleo «son muy moderados», aunque considera que nada impide que el propio sistema de Seguridad Social «ensanche aún más su nivel asistencial» y garantice unas prestaciones sociales suficientes para todos los ciudadanos ante situaciones de necesidad. Por último, apunta que, a la vista de las propuestas planteadas por partidos y sindicatos, hay «margen» para un gran acuerdo.