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Trabajar desde casa, antes una práctica que parecía de ‘bichos raros’, sobre todo en el caso de los asalariados, va poco a poco dejando de ser algo anecdótico. El teletrabajo gana adeptos gracias al empuje que le proporcionan factores como la necesidad de conciliar la ... vida laboral y familiar, o la panoplia de posibilidades y facilidades que proporciona la tecnología y en España ya hay 270.000 personas empleadas (no trabajadores o profesionales por cuenta propia, algunas de cuyas actividades son más proclives a poder desempeñarse en casa) que trabajan en su domicilio particular más de la mitad de sus jornadas laborales. Otros 158.000 lo hacen de manera ocasional. Aunque estas cifras no han aumentado mucho en los últimos años, las de Castilla y León sí lo han hecho y los 16.200 asalariados que el año pasado teletrabajaron por encima del 50% de los días duplican los 7.600 que había en 2008. Hay además otros 7.000 asalariados de la región que desempeñan su labor en su domicilio ocasionalmente.
Trasladado a tasas, también la comunidad autónoma demuestra más tendencia al teletrabajo que el conjunto del país, ya que esta práctica laboral afecta al 2,1% del total de asalariados públicos y privados, frente al 1,8% en el caso del total nacional.
Y si a los asalariados le sumamos los trabajadores por cuenta propia, el empleo domiciliario mayoritario abarca a 36.900 castellanos y leoneses (2.900 más que ocho años atrás) y el ocasional, a 24.400 personas más, según se recoge en el módulo referido a las Condiciones de Trabajo de la Encuesta de Población Activa del INE.
Según la Guía del Mercado Laboral 2017 de Hays, empresa especializada en selección de mandos y directivos, el 33% de las empresas españolas consultadas ofrece opciones de teletrabajo a sus empleados, con porcentajes mayores en el caso de las compañías grandes y las ‘start-ups’. De forma comprensible, las empresas no ofrecen las mismas posibilidades de trabajar en casa a todos sus empleados y los ‘senior’ y los profesionales con más de cuatro años de experiencia son los que más opciones tienen.
Desde un punto de vista funcional, de los 964.800 ocupados que tuvo Castilla y León de media anual en 2016 según la EPA, eran empleados (es decir, con jefes y sin subordinados) 635.000. Encargados, jefes de taller o de oficina, capataces o similares lo eran 76.800. Los mandos intermedios ascendían a 54.800;los directores de pequeña empresa a 57.900 y los de empresa grande o mediana, a 3.700. Por último, otros 135.500 castellanos y leoneses eran ocupados independientes (sin jefe ni subordinados).
Las 193.200 personas con responsabilidades de mando que hay en la actualidad en Castilla y León (sumados jefes, directores, mandos intermedios, encargados y capataces) son el 12,4% menos de los que había en 2008. Entre los empleados, la disminución es del 7,7% y entre los ocupados independientes, del 12,4%. Y a nivel nacional, la rebaja de jefes asciende al 17,9%.
Además de defensores y detractores y de ser una opción no apta para todas las ocupaciones, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. El trabajador ahorra tiempo y gasto en transporte, puede ver mejorada su calidad de vida y posibilidad de conciliar, dispone de flexibilidad para organizarse y puede trabajar en empresas de lugares remotos. La empresa también puede así ahorrar costes en espacios, instalaciones y equipos, combatir el absentismo laboral y fortalecer la motivación de la plantilla. En el extremo contrario, para el empleado existe el riesgo de confundir lo personal y lo profesional, puede tener que asumir gastos para realizar su trabajo y sufre dificultades de evaluación y promoción. Las empresas pierden control, pueden sufrir retrasos en la toma de decisiones y ve cómo se le dispersan las gestiones organizativas.
La encuesta del INE proporciona también información acerca de la medida en que la realidad del mercado laboral actual se amolda a las aspiraciones de los trabajadores. Así, hay 139.500 castellanos y leoneses (62.300 hombres y 77.200 mujeres) que desean trabajar más horas de las que trabajan, lo que representa al 14,5%del total de ocupados. En 2008 eran 111.000 personas. La tasa de insatisfechos por lo insuficiente de su jornada laboral a nivel nacional es del 12,3% del total de ocupados.
Dentro de este colectivo, el 45,6% querría más horas en su actual empleo (52% en el caso de los hombres y 41%en el de las mujeres); el 12,4% querría un empleo diferente con mayor horario (7% entre los varones y 16% entre las féminas); el 3,1% querría un empleo adicional;y el 37,5% desearía cualquiera de las opciones anteriores.
Por otro lado, seis de cada diez ocupados tienen jornada laboral continuada y los otros cuatro, jornada partida, unos porcentajes que son idénticos en la comunidad autónoma y en el conjunto del país. En Castilla y León, la jornada de mañana y tarde afecta al 48,6% de los hombres y al 30,1% en el caso de las mujeres.
El 35,5%de los ocupados de la región están empleados en establecimientos de entre uno y cinco trabajadores (28,8% en España);el 7,1%, en empresas de entre seis y diez personas; el 8,1% de entre 11 y 19; el 11,4% entre 20 y 49;el 12,4%, de 50 a 249; y el 11,7% en grandes compañías de más de 250 empleados.
Apenas el 2,8% de los asalariados de Castilla y León obtuvieron su actual puesto de trabajo gracias a la participación de una oficina de empleo pública, según datos del cierre de 2016. Por sexos, son el 2,5% en el caso de los hombres y el 3,1%en el de las mujeres. Tan exigua intermediación, que antes de la crisis era del 3,6%, registra una leve mejoría con respecto al ejercicio precedente, cuando fue del 2,3% y es, asimismo, un punto mejor que la del conjunto de España, del 1,8% el año pasado.
De la serie histórica, el ‘récord’ regional es del año 2011, con el 4,7%. Con datos de 2016, la comunidad autónoma donde más colocaciones se materializaron gracias al servicio público de empleo es Extremadura, con el 5,6%. En Canarias son el 0,5%, en baleares, el 0,6% y en Cataluña, el 0,8%.
Es decir, que de los 755.200 asalariados contabilizados por la Encuesta de Población Activa del INE de media anual el año pasado, obtuvieron su empleo en una oficina pública 20.800 personas. La tasa de contratación lograda por las empresas de trabajo temporal (ETT)en la región es una décimas superior a la del SEPE, del 3,4%.
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