Calviño ve margen para controlar el impacto del plan anticrisis sobre el déficit

El Gobierno es consciente del problema que supone desplegar todos estos recursos en un momento en el que el déficit y la deuda siguen disparados. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reconoció este martes que la nueva línea de avales tendrá «un reflejo presupuestario» durante los próximos años. Y las ayudas directas derivarán en un aumento del gasto o reducción de los ingresos. Sin embargo, el Ejecutivo confía en poder manejar los posibles desequilibrios, sobre todo porque se espera que las ratios de déficit y deuda de 2021 «fijen un punto de partida sólido» para mantener con holgura el Plan Nacional.

Durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Calviño insistió en que esas referencias se situarán por debajo de las previsiones del Gobierno, que apuntan a que e déficit rondará el 8,4% a cierre de 2021, con una deuda que sigue superando el 120% del PIB. «Esto nos dará capacidad desde el punto de vista fiscal para acometer el plan», indicó la vicepresidenta durante su comparecencia.

Sus palabras llegaban apenas unas horas después de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, instase a evitar un impulso fiscal generalizado para hacer frenet a la crisis, abogando por respuestas «focalizadas» en los sectores más vulnerables. «Nuestras medidas están alineadas con las recomendaciones de los bancos centrales y otros organismos internacionales», insistía Calviño en respuesta al gobernandor, recordando que la respuesta a esta crisis «no puede ser una bajada generalizada de impuestos que lleve a un ajuste fiscal sobre el conjunto de la economía».

De hecho, explicó que los sectores más afectados por la actual crisis han pedido de forma explícita «que no se redujesen los impuestos porque no era una solución para ellos», según indican desde el Ejecutivo, donde recuerdan que el real decreto por el que se ha aprobado el plan ya prorroga las medidas fiscales vinculadas a la electricidad -rebaja del IVA, del IEE y del impuesto sobre la producción- que se pusieron en marcha hace meses hasta el 30 de junio. Unas medidas cuyo coste fiscal se estima en hasta 12.000 millones de euros si se prorrogasen hasta final de año

Con esta perspectiva, el Gobierno confía en lograr el apoyo unánime del Congreso a su plan anticrisis, recordando que muchos sectores que recibirán ayudas directas (362 millones para agricultura y ganadería, más de 500 millones a los grandes consumidores, 125 millones para la industria intensiva o 450 millones para transporte de mercancías y viajeros, entre otros), habían manifestado «de forma explícita» que una rebaja de impuestos no era lo que necesitaban.

Entre las medidas que tendrán un mayor impacto en las arcas públicas destaca la de la rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible para todos los ciudadanos. Según cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la decisión de aplicar una rebaja de 20 céntimos por litro de carburante tendrá un coste de unos 1.420 millones de euros para el Estado, que asumirá 15 céntimos de la cifra total, frente a 5 céntimos de las petroleras durante los tres meses que en principio durará la medida.

Para estas últimas, el coste sería de 473,63 millones de euros (lo que implica una factura de 157,66 millones al mes), según las estimaciones elaboradas Gestha a partir de las estadísticas de consumos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORE), que establece un consumo estimado de 9.473 millones de litros de carburante.

Según las estimaciones de consumo, el mayor impacto se registrará en la comunidad de Andalucía, con un total de 307 millones de euros, de lso que 230 serán asumidos por el Estado y casi 77 millones por las petroleras.

Cataluña sería la siguiente con un coste total de 292 millones de euros, entre los 219 del Estado y los 73 millones de euros calculados para las petroleras. La comunidad valenciana, con un impacto de 180 millones en total y Madrid, con 173 millones, completarían el ranking de las cinco comunidades autónomas que registrarían la factura más abultada por la medida.