Las tareas pendientes de Donohoe

El papel del Eurogrupo fue relevante en la anterior crisis. Desarrolló la herramienta de rescate, también conocida como MEDE o Mecanismo Europeo de Estabilidad, que lanzó los programas de auxilio a Grecia, Irlanda, Portugal o España. En los últimos años ha intentado profundizar en el reforzamiento del euro y el blindaje ante futuras crisis. Pero en términos prácticos se ha quedado como un club de debate sobre el futuro de la eurozona con cuentas pendientes como completar la Unión Bancaria.

La depresión en la que está sumida Europa desde principios de año le obligará a jugar un papel más activo. Ese es el desafío. De entrada consiguió hace un par de meses dar luz verde a esa triple red de seguridad en forma de préstamos; 540.000 millones de euros repartidos en 240.000 a través del fondo de rescate para las deudas soberanas; 200.000 en ayudas a las pymes a través del Banco Europeo de Inversiones, y los 100.000 millones destinados a sufragar los ERTE.

Pero ahora, Donohoe tendrá que lograr que el engranaje entre las capitales funcione. Se le exigirá una capacidad extra para lograr consensos, mano izquierda para superar divergencias nacionales y las tiranteces perennes entre bloques. Porque el Eurogrupo deberá supervisar ese fondo de recuperación, todavía teórico, de 750.000 millones de euros (500.000 en subsidios y 250.000 en créditos), que los jefes de Estado y de Gobierno intentarán aprobar en la cumbre convocada para el próximo viernes en Bruselas.

En principio está previsto que el uso que se dé a ese dinero encaje con los objetivos de lo que en el argot comunitario se conoce como 'semestre europeo', una especie de examen semestral de objetivos y compromisos que ha de pasar cada uno de los países ante el resto de sus socios.

Y unido a todo ello (el propio plan de recuperación lo contempla) el Eurogrupo se enfrenta al reto de allanar el camino a nuevas fuentes de ingresos vía impuestos. Porque ese flujo es el que debería soportar el endeudamiento con emisión de deuda paneuropea en los mercados para disponer de la ayuda de emergencia. Desde hace meses, en la mesa se encuentra, por ejemplo, ese impuesto digital a las grandes tecnológicas (Google, Apple o Facebook) que Estados Unidos quiere bloquear, que varios Estados miembros (como Países Bajos, Malta o la propia Irlanda) no están por la labor de impulsar. Y que la Comisión Europea, con el apoyo de Francia, Italia, España y otro nutrido grupo de socios, lanzará si no se logra un marco internacional que lo ampare desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La política fiscal es otro de los asuntos en ciernes. En concreto, cuándo y bajo qué parámetros se restablecerá la disciplina, que se encuentra en suspenso por la pandemia. La llamada cláusula de escape, que liberó a los Estados de los objetivos de ajustar sus niveles de endeudamiento público y déficit (en base a medias recomendadas ya inalcanzables para muchos como el 60% de deuda pública o el 3% de déficit). Esa carta blanca que se dio en marzo para concentrar todo el gasto y esfuerzos en superar la crisis sanitaria acabará. Y, de hecho, ya está en el debate. En el Eurogrupo celebrado el jueves hubo ya una primera aproximación.

El restablecimiento de las reglas para retomar el equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el gasto se apunta ahora para 2022. Pero sin levantar la voz. Porque solo será posible si el coronavirus lo permite. «Si para entonces se ha resuelto el problema sanitario», condicionaba esta semana una alta fuente comunitaria. Así que el ejercicio de vuelta a la 'normalidad' es posible, pero no definitivo. Incluso se consideran otras opciones. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, barajaba que quizás la espera debiera dilatarse hasta que se consigan las referencias de crecimiento del PIB previas a la pandemia (con España subiendo a un ritmo del 2% frente al desplome del 10,9% que se espera para este año y el rebote insuficiente del 7,1% que obtendría en 2021).

Como parte de ese debate, otro: la opción de revisar los actuales índices de referencia. El 60% de deuda pública en relación al PIB ha quedado destrozado por la nueva realidad. El registro de España se disparará hasta el 115% o el 122%, depende de la proyección. Antes de la crisis, Italia ya coqueteaba con el 130% y a futuro se le augura un 155%. El 115% se vislumbra para Francia. Y Alemania, con trayectoria de austeridad, se iría del 60% al 75%. Y todo ello marcado por un vaticinio inquietante: la recuperación evolucionará a distintas velocidades.