La subida de costes enturbia el camino de los alimentos del campo a la mesa

Sequía, competencia desleal, avalancha regulatoria y medioambiental... son muchos los factores que estos días sustentan las protestas del campo y que confluyen en una conclusión final: los elevados costes que, además de mermar la rentabilidad de muchas explotaciones, llevan más de dos años tensionando los precios de los alimentos.

Las reivindicaciones del sector han vuelto a sacar a la palestra la eficiencia de la ley de la cadena alimentaria, reformada el pasado año para impedir que ningún eslabón venda por debajo de su coste de producción.

«Estamos convencidos de que la ley está teniendo influencia en la relación entre precio y coste de producción, pero falta extenderla al conjunto de explotaciones y profundizar en las relaciones entre agricultores y el resto de eslabones», explica Andoni García, responsable de responsable de organización de COAG, una de las principales organizaciones del sector.

Esas relaciones llevan años tensionadas, en un cruce de acusaciones por conocer en qué momento del camino desde el campo a la mesa engordan más los precios. «Los productores venden por debajo del valor de mercado y se ven oprimidos por las grandes distribuidoras que se están forrando«, declaraba esta misma semana la vicepresidenta Yolanda Díaz. El sector rechaza estas acusaciones y asegura que no saca partido del alza de los precios.

Felipe Medina, ingeniero agrónomo y secretario general de Asedas (patronal de supermercados) recuerda que en la formación de precios también tiene mucho que ver el momento de la campaña (muchas veces se venden variedades tempranas que son más caras). E incide en que «la distribución organizada -súper, hipermercados, etc- representa la mitad de lo que nos gastamos los españoles en comer».

Desde Asedas recuerdan además que «somos un país netamente exportador y en algunos casos el 80% de lo que producimos se vende fuera de España y en muchas producciones se dice que el precio lo pone Europa». «Esto se observa mucho en la la fruta de verano, por ejemplo, que cae de precio cuando en Europa no hay consumo, se acumula el producto en origen y como es perecedero, o se vende o se tira, y el precio cae», ejemplifica.

Que los precios en origen han subido en el último año es un hecho. Según datos de Eurostat, España es el cuarto país de la UE donde más lo han hecho. Pero eso no implica que haya márgenes positivos para agricultores y ganaderos, pues a lo que se consigue con la venta hay que restarle los costes y las mermas en la producción.

Sí influye, no obstante, en el precio del producto que percibe el consumidor, pues al partir de una base más elevada es lógico que llegue más caro al final de la cadena. «El ciudadano debe saber que detrás de un alimento existe toda una cadena de valor que hace que ese producto esté a su disposición, con muchos agentes intermedios que son necesarios para ello», explica José Miguel Herrero, director general de alimentación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ese engranaje conlleva costes en cada paso, contribuyendo a que el kilo de limones por el que ahora se paga 1,96 euros en el supermercado, presente un precio en origen de apenas 0,20 euros. Los datos recogidos en el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos que mensualmente publica COAG (una de las tres organizaciones agrarias mayoritarias) son abrumadores. Por poner solo otro ejemplo, el ajo, que el agricultor vende a 1,18 euros, se dispara a 6,56 en los lineales.

La diferencia entre origen y destino no es el beneficio que saca el distribuidor, que también asume sus propios costes. Pero los agricultores siguen advirtiendo de las malas prácticas en algunos eslabones y reclaman mayor transparencia en ese proceso de formación de precios.

Las organizaciones piden que se refuercen las inspecciones y las sanciones de una regulación que también obliga a registrar los contratos y a pagar en plazo al agricultor. Y es que según consta en los registros de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en todo 2023 y en lo que va de año solo se han impuesto 195 multas. «Y la media no supera los 3.000 euros», critica el sector.

La mayoría, de hecho, por no pagar en plazo. «Los frescos se deben abonar en 30 días y los no perecederos en 60 como máximo», indica José Antonio Latre, socio responsable de Estrategia para Retail y Consumo de EY, con el objetivo de que el ganadero o el agricultor pueda seguir produciendo sin ahogarse.

El problema es que ni la administración tiene personal suficiente para inspeccionar cientos de miles de operaciones, ni muchos se atreven a denunciar. «Es difícil porque aunque la ley garantiza el anonimato, hay miedo a que quien te compra se entere y luego te castigue sin contratos». Además, «en productos frescos y perecederos, no puedes permitirte encontrar a otro comprador si no te convence el precio que te dan en un principio», añaden desde el sector. Así que muchas veces no queda otra que vender a pérdidas.

«Con una capacidad tan limitada de la administración, sería más útil hacer un código de buenas prácticas que comprometa en sus relaciones comerciales a todos los eslabones», explica Felipe Medina desde Asedas. Otras fuentes advierten que imponer precios superiores a los costes puede generar efectos adversos que habrá que vigilar. «Hay riesgo de dejar fuera del mercado a los productores más ineficientes, que suelen ser los más pequeños, e incluso de generar cierta tensión inflacionista», indican.

Todas las partes coinciden en la complejidad de encontrar el equilibrio en la norma, clave en las protestas del sector tras varios años de subidas de costes que en 2022 rozaron el 32% (los precios subieron un 24% en ese periodo). Así que la bajada del 7% en 2023 no ha compensado un repunte que mantiene tensionados los precios de fertilizantes, semillas, piensos o carburantes. «Uno de los costes más importantes en origen se da en la recolección», indica Medina. «Al sector primario, la subida del SMI le afecta mucho, porque en muchas labores es lo que se paga», añade Latre.

Aunque no puede afirmarse que ese coste de producción es el que más peso tiene en el precio final que llega al consumidor, los expertos coinciden en que «hay una interrelación enorme entre lo que pasa en el campo y lo que percibimos como consumidores al comprar, así que esta crisis nos afecta a todos. Es un tema de Estado».

Desde asociaciones como Facua abogan por que el Gobierno -que esta semana animaba a «comprar producto español» para apoyar a los agricultores, implante el denominado modelo de doble etiquetado, «que ofrezca información sobre el precio en origen de los productos del campo junto al de venta al público, permitiendo conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores».