Solo un 5% de los 200.000 empleos prometidos por Sánchez serán públicos

El Ejecutivo mete un recorte de más del 15% respecto a la oferta histórica de este ejercicio, no ya tanto a consecuencia de esta pandemia sino porque la Ley de Presupuestos de 2018 (la que aún esta vigente) no le permite hacer más. Por eso los sindicatos se plantaron y rechazaron firmar esta convocatoria que consideran insuficiente, ya que denuncian que la Administración General del Estado ha perdido más de 43.000 funcionarios en la última década.

Así, Pedro Sánchez fía a la empresa privada como motor prácticamente exclusivo del mercado laboral en estos tiempos de crisis, ya que es el sector privado el que deberá generar casi todo el empleo el año que viene para que se cumplan los pronósticos oficiales. El propio presidente anunció a bombo y platillo cuando desgranó el plan de recuperación que en los próximos tres años se generarían 800.000 puestos de trabajo, menos, no obstante, que el millón que se destruyó en el primer mes de pandemia, de los que se han recuperado ya casi la mitad. Posteriormente el Ministerio de Economía cifró en 200.000 los empleos que se prevén crear en 2021, una cantidad ligeramente inferior a la estimada por Funcas, que calcula 280.000 puestos a tiempo completo. Moncloa considera que el ritmo se intensificará los dos ejercicios siguientes, una vez haya terminado definitivamente ese virus, cuando se generarán 300.000 empleos anuales.

Otra pregunta es cuándo se materializarán realmente estos puestos para nuevos funcionarios. En el mejor escenario será el año que viene, pero parece muy improbable. Y es que pese a que en los dos últimos años las ofertas de empleo público han marcado niveles récord, la incorporación de estos funcionarios se ha ralentizado. Hasta tal extremo, que pese a que entre 2018 y 2019 se han ofertado 27.530 plazas, solo se han incorporado a sus puestos 621 personas de la convocatoria de 2018 y aún ninguna de la de 2019. En concreto, de las 11.166 plazas ofertadas en la AGE para 2018, se encuentran en proceso 10.440 y solo han finalizado el procedimiento 621. Respecto a las de 2019, del total de 16.364 plazas ofertadas, no se ha terminado ningún procedimiento y solo 5.209 están en proceso, lo que significa que más de un año después de su aprobación, aún hay más de 10.000 plazas de las que ni siquiera hay fecha para los exámenes.

Pero los funcionarios no solo han perdido empleo en la última década (se han destruido uno de cada cinco puestos respecto a los que había en 2010), sino que también han sufrido importantes recortes consecuencia de la anterior crisis. Esto les ha ocasionado una importante pérdida del poder adquisitivo de la que aún están lejos de recuperarse. Acumulan una disminución de poder adquisitivo del entorno del 13%, porcentaje que en algunos casos se acerca al 18%, según estimó CSIF la semana pasada. Más concretamente, el sindicato cifró entre 24.600 y 53.000 euros lo que suponen estos recortes en el bolsillo de los cerca de 2,6 millones de empleados públicos.

Y eso que gracias a los fuertes incrementos salariales que han tenido en estos tres últimos años (1,75%, 2,5% y 2%, respectivamente), han ganado casi seis puntos de poder de compra, dos puntos o más este año debido a que la inflación está en tasas negativas. Lo que no se sabe aún es qué va a pasar con la subida para 2021. El Gobierno no ha desvelado aún qué va a hacer y, pese a que ha negado varias veces que no congelará otra vez las remuneraciones de los funcionarios, este rumor ha ido cogiendo fuerza en el último mes, más cuando en el Plan Presupuestario se recoge la subida del 0,9% de las pensiones pero nada dice del alza de los empleados públicos. En caso de no aplicar este incremento del 0,9%, en línea con el IPC previsto para 2021, el Ejecutivo se ahorraría algo más de 1.200 millones de euros, según se extrae del texto enviado a Bruselas.