Sindicatos y patronal afrontan 2023 con 8 convenios pendientes de renovación en Burgos

Entre ellos destaca, por méritos propios, el del Metal, sin duda el convenio sectorial con más peso en la provincia en términos cuantitativos y cualitativos. De ese convenio dependen 1.140 empresas y más de 13.000 trabajadores de manera directa, aunque su importancia va más allá, puesto que se trata de un texto referente para un sector económico clave para Burgos.

Y la negociación se aventura compleja. No en vano, el anterior convenio, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre, estaba vinculado al IPC, lo que según la patronal ha provocado un impacto directo en las cuentas de muchas empresas. A lo largo de las próximas semanas se firmarán las tablas de revisiones salariales de 2022, que se ha cerrado con un IPC del 5,7%, el cual se suma al sensible incremento ya registrado en este sentido en 2021.

Una vez ratificadas las subidas salariales derivadas del pasado ejercicio, patronal y sindicatos deberán volverse a sentar para renovar el texto, cuya negociación suele extenderse durante muchos meses, dada la importancia del mismo.

Sin embargo, y a pesar de acaparar todos los focos, el del Metal no será el único convenio que deberá renovarse este año. De hecho, aún han quedado un puñado de convenios pendientes del año pasado. El más importante es el del sector de la Limpieza, que afecta a 213 empresas y 4.032 trabajadores. En este caso, y después de muchas reuniones y una convocatoria de huelga indefinida, patronal y sindicatos alcanzaron un acuerdo tras Año Nuevo que aún debe ser firmado.

Mucho más retraso acumulan las negociaciones vinculadas a los convenios de Carga Fraccionada (paquetería), Herbolistería y Tintorerías, los cuales deberían haberse firmado en 2022 o, incluso 2021. De momento no se ha cerrado fecha para iniciar formalmente las negociaciones, pero tanto el de Carga Fraccionada (14 empresas y 133 trabajadores) como el de Herbolistería (5 empresas y 16 trabajadores), podrían comenzar a valorarse «en febrero», según apunta Íñigo Llarena, responsable de la negociación colectiva por parte de FAE.

A partir de ahí, sindicatos y patronal también deberán sentarse para renovar los convenios de Oficinas y Despachos, Panaderías y Confiterías, cuya vigencia decayó el pasado 31 de diciembre.

El de mayor calado es el del Oficinas y Despachos, que afectaba a 419 empresas y 2.183 trabajadores en el momento de la firma del anterior. Por su parte, el de Panaderías afecta a 153 empresas y un millar de trabajadores, mientras que el de Confiterías es la referencia para 25 empresas y 310 trabajadores.

Se dibuja así un año complicado, y no sólo por la cuantía y carga de los diferentes convenios, sino por la coyuntura general en la que deberán afrontarse. No en vano, y a pesar de que el IPC ha moderado sensiblemente su incremento en los últimos meses, continúa presentando índices muy superiores a lo habitual. Y la inflación es, sin duda, uno de los grandes factores que determinan las posturas de patronal y sindicatos a la hora de abordar la negociación colectiva.

Esa situación, unida a los incrementos de costes sufridos por las empresas en un contexto internacional «muy complejo», motiva a la patronal a plantear un «año de moderación salarial», una postura rechazada frontalmente por los sindicatos, que consideran totalmente necesario revalorizar salarios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.