La semana más complicada para Iberdrola

Ahora lo que hay es un clima tormentoso, después de que el miércoles el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del 'caso Villarejo', diera orden de citar a declarar, en calidad de investigados–lo que antes se llamaba imputación– al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; al 'número dos' de la compañía, Francisco Martínez Córcoles; al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y al exjefe del gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo.

El auto les imputa un presunto delito continuado de cohecho activo, otro contra la intimidad y un tercero de falsedad en documento mercantil. El magistrado daba curso así a la petición que el martes hizo la Fiscalía Anticorrupción para que declaren por los contratos firmados con una empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2017, por valor de más de un millón de euros, supuestamente vinculados a labores de espionaje sobre sociedades y empresarios rivales, como Manuel Pizarro (Endesa) y Florentino Pérez (ACS).

El siguiente paso del magistrado ha sido solicitar a la Fiscalía si ve pertinente o no elevar la imputación a Iberdrola como persona jurídica, en un auto en el que considera que existen «indicios que podrían situar a esta mercantil en el círculo de responsables penales» de la investigación.

El movimiento de García Castellón llega después de que la eléctrica solicitara al juzgado su personación como perjudicada por estos hechos, sobre los que tiene varias querellas judiciales interpuestas contra quienes le han acusado de irregularidades vinculadas con el antiguo policía.

Tras conocerse la imputación de la cúpula de Iberdrola, el presidente, Ignacio Galán, en vez de parapetarse en la mera negación de las acusaciones y el silencio corporativo a la espera del devenir judicial, afirmó que la llamada del juez supone «una oportunidad» para poder «aclarar» los acontecimientos que están pesando sobre la eléctrica en «un proceso de 20 meses de instrucción» que perjudica a la «reputación» de la compañía.

El 25 de mayo, la comisión delegada del consejo de administración aprobó una resolución por la cual tanto el presidente de la firma como el resto de administradores se ponían a disposición de la Audiencia Nacional, para declarar voluntariamente en la instrucción de la denominada pieza separada 17 del 'caso Villarejo' y así se lo transmitieron por carta al juez Manuel García Castellón. Para la eléctrica, la dilación que arrastra la instrucción del caso supone un daño añadido para la empresa y su reputación.

El equipo gestor informó a los accionistas de las implicaciones que podría tener el 'caso Villarejo' a través del Informe de Gobierno Corporativo Anual, difundido en febrero. En ese documento, se indicó que el riesgo por «la contratación de entidades vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo Pérez», en base a «la información interna disponible» sobre dichos hechos, «no pueden considerarse jurídicamente relevantes para la sociedad por lo que su impacto, de existir, se circunscribiría al ámbito reputacional». Ese coste reputacional se ha visto ya en Bolsa. Tras tocar cotizaciones máximas históricas a principios de año, desde la imputación del miércoles pasado la acción ha bajado un 4,2%.

La otra estrategia de Iberdrola está siendo querellarse contra todo aquel le acuse de actuaciones irregulares o ilegales. En mayo interpuso una denuncia contra ACS y su presidente, Florentino Pérez, en los juzgados de Bilbao, por difamarle a través de un comunicado apoyándose en unas declaraciones de exdirector general de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo. A continuación, interpuso otra demanda contra José Antonio del Olmo, exdirector corporativo de control, quien reveló en la Audiencia Nacional supuestas irregularidades internas, algunas de las cuales afectaban a la contratación del excomisario.

En estos dos años de devenir judicial de la rama empresarial del 'caso Villarejo', la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha salido en dos ocasiones para expresar su «preocupación» ante «presuntas prácticas irregulares» que podían llegar a «comprometer la imagen y la reputación» de la Bolsa, por lo que aconseja basar en «la ética» cada una de sus decisiones de inversión, más allá de analizar los beneficios que reporten esas actuaciones.

El primer aviso fue en noviembre de 2019, cuando la polémica se focalizaba en las constructoras del AVE a La Meca y el BBVA. La segunda, esta semana, cuando el presidente del supervisor, Rodrigo Buenaventura, advertía del «desgaste reputacional» que implica la imputación para las empresas implicadas y el Ibe.

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lamentó que «haya este tipo de informaciones que no son buenas para la imagen de las empresas y personas afectadas». Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió «máxima prudencia» y «dejar actuar» a la Justicia, con el deseo de

que Iberdrola «siga la senda buena que tenía» en Bolsa.