Santander, CaixaBank y Bankia recibirán 1.350 millones del Estado por Castor

La decisión de cierre del almacén se tomó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona. Y en el año 2017 el Ejecutivo decidió no reabrirlo tras confirmarse el riesgo de nuevos terremotos con estudios realizados por el MIT y la Universidad de Harvard, lo que llevó a indemnizar a la empresa propietaria.

En el año 2018 los bancos presentaron una reclamación después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos de un real decreto que permitió que Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrara la indemnización por la paralización del almacén de gas.

De acuerdo con los bancos, esa inconstitucionalidad no debería ocasionarles pérdidas por haber financiado la operación de cierre. Pero el Ejecutivo desestimó, mediante silencio, la reclamación de responsabilidad financiera ante las entidades. Entonces los bancos recurrieron al Supremo.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal establece que «es indudable que se ha generado el daño» sobre los bancos, puesto que, en el momento en que se pronunció el Constitucional ya eran «los legítimos titulares del derecho de cobro».

La responsabilidad patrimonial del Estado obedece, según argumenta el Supremo, a que el mismo día en que Enagás adquirió su condición de administradora –tras la renuncia de Escal–, Santander, CaixaBank y Bankia realizaron el pago, lo que les llevó a pasar a formar parte del «pacto» al que había llegado la Administración. La otra alternativa, según los magistrados, «sería aceptar la perniciosa posibilidad» de generar una «zona de inmunidad para los poderes públicos».