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El descuento de 20 céntimos por litro de carburante para todos los ciudadanos parece tener los días contados. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, vuelve a marcar el paso al Ejecutivo al dejar claro que esta bonificación debe dejar de ... ser generalizada si se prorroga más allá del 31 de diciembre, abogando por concentrarla en los sectores y familias que más lo necesiten.
«La subvención de 20 céntimos por litro fue una decisión de emergencia de este verano, con precios muy elevados de los combustibles, en los que la reacción rápida requería que fuera una medida generalizada y de aplicación sencilla, pero cada vez es más importante concentrar el esfuerzo en quien más lo necesita, ya sea por razones profesionales, ya sea por nivel de rentas de las familias», señaló durante una entrevista a RNE.
El Ejecutivo lleva semanas analizando las medidas del plan anticrisis que se prorrogarán durante 2023. Y en los últimos días ha reforzado el discurso en torno a que existen algunas -como esta bonificación- que deberían revisarse para centrarla en colectivos específicos y sectores más vulnerables.
La propia Ribera admitió recientemente que las rentas más altas son las que más se han beneficiado de una medida que está teniendo un coste fiscal muy superior al esperado en un principio para las arcas públicas del Estado. En concreto, el coste mensual estimado ha pasado de unos 470 millones de euros al mes a los 800 millones que finalmente supuso durante los meses de verano, cuando el consumo de combustible aumentó de forma notable, en parte por las vacaciones.
Con estas cifras, la factura de la medida desde su puesta en marcha en abril podría superar los 6.200 millones de euros a final de año, casi 2.000 millones más de lo esperado en un principio. Y todo en un contexto en el que los precios de los carburantes han comenzado a moderarse respecto a los máximos del pasado julio, cuando tanto la gasolina como el gasóleo superaban los 2,10 euros por litro.
Según el último Boletín Petrolero de la Comisión Europea publicado el pasado jueves, el litro de gasolina rondaba esa semana los 1,771 euros de media, y el del diésel los 1,963 euros. La gasolina se mantiene así por debajo de los niveles de antes de la entrada en vigor de la ayuda de 20 céntimos por litro aprobada a finales de marzo (1,818 euros litro), aunque en el caso del gasoil sigue siendo más caro (1,837 euros).
Todo apunta a que el Gobierno exprimirá los plazos para anunciar qué medidas del plan anticrisis se mantendrán finalmente en 2023 y cuáles se eliminarán o modificarán respecto a su condición inicial. Y en materia de transporte, resulta evidente que la apuesta por los abonos gratuitos que se incluyó en el proyecto de Presupuestos será la vía por la que apueste el Gobierno frente a la ayuda generalizada para pagar el combustible.
Según recordó Ribera, esos abonos gratuitos son «más inclusivos» que la bonificación al carburante. «Sabemos que antes del verano era imposible ser preciso y discriminar entre familias, pero en estos momentos hemos ido aprendiendo cómo concentrar el esfuerzo fiscal y presupuestario en aquellos ámbitos en los que es más eficaz y justo», insistió.
La vicepresidenta tercera ha insistido en que no se deben subvencionar los combustibles fósiles, ni establecer para ellos un tratamiento fiscal favorable, pues se trata de un principio fundamental para el impulso de la transformación del sistema energético.
No obstante, es consciente de que esto no puede producirse «de la noche a la mañana y con los precios disparados» y que debe ser asumible para las familias. «Se necesita una transición justa también con los consumidores», explicó.
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