El repunte de gas y petróleo complica el plan del Gobierno con las medidas anticrisis

Aunque sobre la mesa del Ejecutivo estaba la posibilidad de eliminar o modificar algunas de las ayudas adoptadas, el reciente e inesperado repunte del precio de algunas materias primas como el petróleo o el gas natural han puesto en jaque la justificación para esa retirada. El Gobierno ya ha dejado claro estos días que la prórroga de las mediads aún no está definido y que el plan presupuestario -del que también depende la subvención de la tarifa de último recurso del gas natural (TUR)- aún está en proceso de formulación y que todo dependerá de la evolución de los factores externos que pueden complicar aún más la vida de los hogares y empresas.

La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha relajado algo su discurso y este lunes, tras el Consejo de Ministros, recordó que el Gobierno ya ha destinado más de 50.000 millones de euros de recursos públicos para «apoyar a familias y empresas frente al alza de precios» a través de «medidas muy eficaces para proteger las rentas y la capacidad de los hogares frente a la inflación».

Lejos de descartar la extensión de las mismas más allá de su vencimiento a finales de este año, Calviño abogó por «seguir en la misma línea, haciendo eficientes los recursos». Por eso, insistió en se decidirá cuáles son las medidas más adecuadas en cada momento, «pensando siempre en política fiscal adecuada para la mejor gestión de los recursos públicos».

El equilibrio perfecto para el Gobierno parece complicado de ejecutar, ahora que la escaldad de precios del gas natural, y también del petróleo, vuelven a impactar en la economía familiar. Y es que aunque los precios siguen por debajo de hace un año, los futuros del gas natural vuelven a superar los 43 euros por megavatio hora (MWh), un nivel que no se veía desde abril.

Del mismo modo, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ha vuelto a rondar los 95 dólares. Y cada vez hay más voces que apuntan a que el oro negro volverá con facilidad a los 100 dólares.

Si la situación se prolonga, al Gobierno le resultaría difícil justificar la retirada del conocido como 'escudo social'. Pero, en el otro lado de la balanza, Economía y Hacienda deben hacer frente a la cada vez mayor presión que llega de organismos como la Autoridad Fiscal (Airef) o el Banco de España, que este lunes volvió a insistir en que «los gobiernos deben dar marcha atrás en sus medidas de apoyo».

El gobernador Pablo Hernández de Cos recordó que esto resulta «esencial» para evitar presiones adicionales sobre los precios en toda la zona euro, «que de otro modo requerirían una respuesta de política monetaria aún más fuerte». Es decir, o las economías aceleran el ajuste del déficit o los tipos de interés seguirán altos -o incluso habrá más subidas- para controlar la inflación.

Durante su intervención en la 15ª reunión anual del International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), organizada por Cofides, dejó claro incluso que si hubiese una nueva crisis energética, las medidas de apoyo fiscal deberían ser «mucho más selectivas».

Frente a este discurso, Calviño defendió el lunes la gestión fiscal del Gobierno, insistiendo en que cumplirán los objetivos de reducción del déficit y «España liderará las negociaciones sobre las reglas fiscales para garantizar la sostenibilidad de una manera compatible con seguir impulsando la inversión».

La vicepresidenta insistió en que el Producto Interior Bruto (PIB) ya se sitúa un 2% por encima del nivel prepandemia y ha afirmado que las perspectivas económicas para España de cara a los próximos meses son «positivas», pese a la ralentización que se está registrando tanto en la Unión Europea como en el resto de países del mundo.

Entre los factores que caracterizan este ciclo económico, Calviño destacó la caída significativa del endeudamiento de las empresas y familias, «lo cual explica la resiliencia de la economía española frente a la subida de tipos». Para esto, la vicepresidenta primera ha ensalzado el fuerte apoyo del sector público en respuesta a la pandemia y ahora en respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. Un esfuerzo fiscal que no ha impedido, según explicó, que se sigan reduciendo las ratios de deuda y déficit público sobre el PIB.

La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de 5 puntos en un año y ha cerrado 2022 casi 4 puntos por debajo del objetivo. De cara a este año, la deuda se situará ya por debajo del 110% del PIB, mientras que el déficit caerá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, según sus previsiones.