Los afectados por el recorte de las renovables mantendrán su rentabilidad si renuncian a litigar

Y es que al Estado no le va bien en estos arbitrajes. De las doce sentencias emitidas, España solo ha ganado dos. Actualmente hay 45 procedimientos más abiertos por los que se reclaman un total de 10.000 millones de euros. La factura de las indemnizaciones que las arcas del Estado han tenido que pagar hasta ahora asciende a los 822 millones de euros por los diez litigios perdidos.

La nueva normativa, que entrará en vigor a partir de este sábado con su publicación en el BOE pero su aplicación será a partir del 1 de enero, tendrá que ser convalidada por el nuevo Congreso que se constituya el 3 de diciembre. Se extenderá durante dos periodos regulatorios, es decir, durante seis años, hasta 2031.

La contrapartida para que el Gobierno mantenga la rentabilidad de esas instalaciones en ese nivel es que en esos doce años los propietarios se comprometen a renunciar a presentar demandas judiciales contra el reino de España, e incluso si ya habían abierto algún pleito, deben retirarlo. «Las empresas deben renunciar a los procesos judiciales o litigios en curso contra los recortes de 2013 o a las compensaciones que puedan recibir», aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

Según sus palabras, este real decreto «encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético» e introduce «predictibilidad, seguridad y recupera la confianza de los inversores que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas». Además, según el ministerio, esta nueva retribución plantea un ahorro para el consumidor de electricidad porque se financian con los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.

La reforma de la metodología de cálculo de la retribución de las plantas de renovables que se llevó a cabo hace seis años supuso fuertes recortes de los ingresos de las renovables que afectó a 64.000 plantas. La normativa aprobada recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició el Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones.

El real decreto cayó bien sobre los afectados. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) aseguró que es «un gran paso para eliminar la incertidumbre regulatoria» y «volver a la senda de la racionalidad». Recordaron que los «sucesivos recortes» han supuesto una reducción de la retribución del 30%. Por el lado de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), explican que la nueva norma es una medida importante para «afianzar la seguridad jurídica« y »una base fundamental para construir la confianza de los inversores«.

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) también cree que da estabilidad a los inversores en instalaciones fotovoltaicas, que «acumulaban diez años de agresivos recortes retroactivos», y evitará que se expongan a un recorte adicional de la retribución del 20% a partir del 1 de enero.