Rato ve «legítimo» cobrar sus conferencias eludiendo el IRPF

Así lo declaró al comparecer como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid -era la quinta vez que lo hacía, la anterior fue en septiembre de 2016-, quien investiga desde hace tres años posibles irregularidades en la forma en que amasó su patrimonio elevado -Hacienda lo cuantificó en más de 26 millones- y también en lo que tributó luego. Dijo, asimismo, sentirse «discriminado» porque a «otras personas con biografías y responsabilidades similares o superiores» no se les trate igual, dejándolo en el caso de ellas en un problema únicamente administrativo.

El que también fuera vicepresidente económico del Gobierno se refería con ello a que «muchas otras personas» han optado desde 2002, tras una de las reformas del impuesto de sociedades, por tributar sus trabajos a través de empresas. Una de las más sonadas en el plano político fue el ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, quien en última instancia y antes de que la Agencia Tributaria le abriera una inspección presentó dos declaraciones complementarias.

Esa regularización le evitó ser denunciado por un delito fiscal. Sin embargo, y como Rato, en un principio facturó sus trabajos personales mediante una firma sin trabajadores ni actividad, a fin de eludir así el IRPF y pagar menos impuestos. De hecho, al reabrir esta pieza del procedimiento abierto contra Rato (que ha llegado a tener una decena de partes distintas), la Audiencia Provincial de Madrid apreció indicios de que el expolítico metido a financiero había tributado por sus conferencias «mal o torticeramente», esto es, de forma injusta o no ajustada a las leyes.

Otra de las quejas de Rato fue las dilaciones «excesivas» que acumula la instrucción de su caso, en parte también causadas por sus numerosos recursos, además de estar pendientes del resultado de las comisiones rogatorias enviadas a varios países. Además, reprochó a la Oficina Antifraude (ONIF) que no haya presentado aún su informe definitivo y sostiene que su deuda fiscal «ha quedado reducida a cero». La Fiscalía, empero, aún le atribuye delitos fiscales por valor de 6,8 millones.

Finalmente, como estaba previsto, el exministro no llegó a declarar por el posible blanqueo de los pagos realizados a sus empresas una docena de antiguas compañías públicas, en concreto 71,90 millones entre 2008 y 2013 por supuestos asesoramientos. La Audiencia descartó la posibilidad de que fuera un cohecho, en contra de lo que apuntaban los investigadores de la Guardia Civil, aunque sí apreció la posibilidad de que hubiera un «blanqueo externo» por la repatriación de 7,8 millones procedentes de dos sociedades que Rato tenía en el extranjero. El asunto, sin embargo, está de nuevo recurrido y por eso se ha aplazado la comparecencia sobre el mismo.