Un puesto de trabajo le cuesta a la administración regional 15.700 euros más que al sector privado

Desentrañar el asunto retributivo de los empleados públicos resulta, además de complicado por la falta de transparencia, incómodo tanto para las administraciones como para los propios trabajadores, sometidos muchas veces a maledicencias y estereotipos. Sin embargo, el misterio sigue ahí: ¿Cuánto gana de media un empleado de la Junta? Como es lógico, no es lo mismo una médica que un enfermero; o un profesor veterano que un ordenanza, pero las medias son medias y sí existe una para el conjunto de asalariados de Castilla yLeón que compendia una realidad bastante más heterogénea. Según se puede leer en los Presupuestos de la Junta para 2018, el capítulo de los gastos de personal es «cuantitativamente el más importante, con 3.678.638.193 euros», que suponen el 33,88% del total del presupuesto y experimentan un crecimiento respecto al 2017 del 1,51%. He aquí un dato.

Se trata de una masa salarial que lo incluye todo: los salarios netos y también las cotizaciones a la Seguridad Social, así como cualquier otro complemento, extra, etc. Esos 3.678,6 millones equivalen al coste laboral para el contribuyente de todo el personal que cobra de la administración autonómica, entre quienes están los funcionarios, el personal laboral, los empleados de empresas, entes y fundaciones públicas, los cargos políticos y sus asesores de confianza.

El Boletín Estadístico de Personal que publica el Ministerio de Hacienda recoge que, con fecha de julio de 2017, en la Junta hay 20.118 personas en las consejerías y sus organismos; 30.065 en la docencia no universitaria y 34.123 en las instituciones sanitarias: en total, 84.306 efectivos entre los que se incluyen los funcionarios de carrera, el personal laboral, los eventuales, interinos, etcétera, aunque no los altos cargos (79, según la Junta), ni el personal de los entes, empresas y fundaciones públicas.

Con esta salvedad y resolviendo la operación que realiza cualquier empresa para determinar el coste laboral, es decir, si dividimos el gasto total entre el número de empleados, el resultado son 43.634 euros al año por puesto de trabajo. Esa cantidad supone que la administración regional paga el 56% más que la empresa privada, ya que en Castilla y León el coste laboral medio (2016) es de 27.940 euros.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística, esa cantidad constituye el coste total bruto, dentro del cual 20.626 euros son los 'sueldos y salarios' (supone el 73,8%del total); 6.573,5 euros son las cotizaciones obligatorias; 145,8 euros las cotizaciones voluntarias; 56 euros las prestaciones sociales directas;302,9 las indemnizaciones por despido;85,7 los gastos en formación profesional;y los 150 euros restantes son gastos en transporte, de carácter social y otros.

Y, ¿cómo han evolucionado uno y otro coste a lo largo de los últimos años? Por un lado, la encuesta anual del INE señala que el coste total bruto de los asalariados del sector privado de Castilla y León ascendía a 27.103,5 euros en 2008. Llegaron a tocar los 28.731 euros allá por el año 2011, y desde entonces la estadística refleja que han bajado, repuntado y vuelto a bajar, en coherencia con el empleo que se crea en estos últimos años de recuperación económica, que no es de gran calidad. De hecho, en 2017 el sueldo medio en la comunidad autónoma (sumados los costes salariales de los cuatro trimestres) ascendió a 1.697,21 euros mensuales, cantidad que es 20 euros menor que la del año anterior.

Los costes laborales de 2016 se colocaron 837 euros por encima de los de 2008, lo que significa una subida del 3% en el periodo.

Por otro lado, los Presupuestos de la comunidad correspondientes a 2008 recogían unos gastos de personal de 3.478,4 millones de euros, mientras que el boletín de Hacienda hacía un recuento de 87.181 efectivos en la nómina de la Junta. Resultado:39.898 euros de coste laboral por puesto de trabajo en la administración autonómica (3.736 euros menos que ahora). O, lo que es lo mismo, frente al 3% de subida en el sector privado privada, el 9,3% en la administración autonómica.

El coste salarial viene determinado por las cotizaciones sociales, que a su vez están en función del grupo de cotización. Existen hasta once grupos de cotización, en función de la categoría del empleado, cada uno con unas bases mínimas y máximas respectivas. El cálculo se realiza a partir del salario del empleado, sobre cuya base la empresa debe abonar el 23,6% más por un concepto llamado contingencias comunes. Su finalidad es contribuir al sistema de pensiones y a la vez asegurar la cobertura del empleado ante una baja por una enfermedad. Hay que sumar el 5,5% del salario, que va destinado a la prestación por desempleo. Otro 3,5% está relacionado con coberturas para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Dentro de las cotizaciones, existen dos aportaciones más. El 0,6% va dirigido a formación para el empleado, y el 0,2% al Fogasa, el fondo que da cobertura ante posibles despidos de empresas en quiebra.

Los grupos de cotización son otra de las razones que pueden contribuir a explicar la diferencia de costes laborales en la administración, donde hay más empleados cualificados que, por ejemplo, en el sector privado de los servicios, el más grande en volumen de personas. Un profesional que pertenezca al grupo 1 de cotización no puede cobrar menos de 1.199 euros al mes, mientras que el mínimo en el caso de un subalterno (grupo 7) a jornada completa es de 858 euros al mes. Hoy en día, a cualquiera que se le consulte conoce a alguien que en el sector privado no llega a esas cantidades.