El Congreso aprueba definitivamente los Presupuestos sin castigo al PNV

En represalia por lo que consideró una traición de los nacionalistas vascos, el PP registró en la Cámara alta varias propuestas que mordían su tajada. No fue nada exagerado. Si el PNV había sabido jugar con la fuerza decisiva de sus cinco diputados para alcanzar los 540 millones de euros en inversiones, los populares optaron por meter mano sólo a 35, la mitad de los 70 millones de euros negociados ya en la fase de enmiendas parciales. La Mesa les invalidó además una propuesta, que pretendía eliminar 5,5 millones destinados al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CEDETI.

Con su mayoría absoluta en el Senado, el PP logró así dejar los Presupuestos con unos 30 millones menos para el País Vasco, pero también introdujo ayudas para los afectados por la Talidomida, el fármaco contra las náuseas del embarazo comercializado entre 1957 y 1963 por la farmacéutica alemana Grünenthal, que causó malformaciones en miles de bebés; inversiones viarias y ferroviarias en Aragón (a propuesta del PAR) o incentivos fiscales para la Barcelona World Race y para el Festival Internacional de Jazz de Barcelona.

El principal partido de la oposición pretendía, con esta operación, provocar tensiones entre los socialistas y sus eventuales socios, pero la jugada sólo le salió a medias. Nadie se prestó a deshacer los acuerdos con el PNV, a pesar de que los 30 millones mencionados se habían repartido en asuntos que afectaban a distintas provincias del resto de España. Sin embargo, otros cambios sí prosperaron, con la aportación clave, entre otros, de Podemos. En el caso relativo a los afectados por la Talidomida, de hecho, el PSOE se quedó solo, aunque argumentó que, en realidad, la iniciativa no irá a ningún lado porque se trata de una «promesa vacua» sin dotación económica específica.

El PP también logró luz verde para una enmienda que compromete al Gobierno a cumplir por ley con los calendarios y previsiones de licitación y ejecución en todas las infraestructuras de transporte y vivienda y obliga al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a rendir cuentas cada tres meses en el Senado, del cumplimiento de cada inversión.

De nada sirvió la apelación del portavoz de Presupuestos del PSOE, Javier Lasarte -el encargado de defender la posición del partido ya que en esta ocasión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no intervino en el debate- para que sus eventuales socios rechazaran las «collejas» del PP y pusieran coto a «sus inquinas partidarias».

Lo relevante, en todo caso, es que ya hay Presupuestos para este año, seis meses después de lo preceptivo (el Gobierno de Rajoy renunció a presentarlos en el plazo marcado por la Constitución convencido de que las tensión con Cataluña haría imposible su aprobación). Las cuentas contemplan una subida del 1,6% de las pensiones que se aplicará con carácter retroactivo. También recogen la reducción del IRPF para las rentas de entre 12.000 y 18.000 euros y la rebaja del IVA para la asistencia de dependientes, 200 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el aumento de la oferta pública de empleo y el incremento del salario de los funcionarios y de los permisos de paternidad.