Persiste el problema de las pensiones

Persisten el abultado déficit y el alarmante escenario demográfico que sirvieron como coartada para justificar unos incrementos tan raquíticos, entre otros ajustes. Lo único que ha cambiado es que, obligado a elegir ahora entre la rígida ortodoxia contable o atrincherarse en el poder en un momento de agobio, el PP –con la decisiva ayuda del nacionalismo vasco– se ha inclinado por la segunda opción. Aunque sea a costa de echar por tierra la última reforma de las pensiones, que incluía medidas tan impopulares –e imprescindibles, según sus impulsores– como el tope de la revalorización anual o la rebaja en las prestaciones de los nuevos beneficiarios a partir de 2019.

El pacto con el PNV aplaza estas decisiones y da una momentánea satisfacción a millones de pensionistas. En realidad, aplaza por intereses partidistas la ya casi inaplazable necesidad de afrontar una profunda reforma del sistema que garantice su viabilidad futura. Algo que, por mucha demagogia que se emplee en una materia tan sensible, resultará imposible sin sacrificios de algún tipo. Más duros cuanto más se tarde en encarar el problema. El impuesto a las tecnológicas con el que se pagará en parte el coste de la revalorización es un simple parche. El compromiso que despeja a Rajoy el camino para finalizar la legislatura tiene una visión cortoplacista: el PP se atrinchera en la Moncloa a cambio de rectificar con las prestaciones públicas, cueste lo que cueste, y después ya se verá. El Pacto de Toledo es una de sus víctimas colaterales. Fue creado para debatir los cambios en el modelo y apartar este asunto de la disputa política. Hace tiempo que los partidos incumplen su compromiso de no utilizar las pensiones como arma arrojadiza. Si la última reforma del sistema se corrige en un encuentro privado en la Moncloa a cambio de los votos del PNV en el Congreso, ¿para qué sirve ese foro?