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D. Valera
Madrid
Miércoles, 10 de enero 2018, 19:54
¿Cuánto tarda en pagar la administración pública a los proveedores? La respuesta a esta pregunta ha enfrentado al Gobierno con los autónomos y las pymes desde que en 2014 se aprobó la ley contra la morosidad. La discrepancia estaba en la forma de computar ... el periodo máximo de 30 días para abonar las facturas por parte de los organismos públicos. La fórmula escogida por el Ejecutivo beneficiaba a la administración al empezar a contar sólo a partir de que se excediese ese límite de un mes y no desde el momento de emitir la factura. Algo que asociaciones como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denunciaron ante la Comisión Europea por considerar que suponía una «distorsión» en los datos que ocultaba el plazo real de pago.
De esta forma, y tras la petición de Bruselas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 22 de diciembre una nueva metodología que concuerda con los criterios de la UE y que en la práctica disparará el periodo medio de pago ofrecido por el Ministerio de Hacienda hasta ahora. Un modelo que comenzará a funcionar en abril. Desde Hacienda argumentaron que este cambio se realiza «con el fin de reforzar el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la morosidad».
Aunque la modificación no afectará al tiempo que los proveedores tardan en cobrar, sí que modificará la forma de reflejar el periodo medio de pago en los datos oficiales. Así, por ejemplo, según los datos del departamento que dirige Cristóbal Montoro en el mes de septiembre de 2017 -última cifra disponible- el Estado abonó las facturas a los proveedores en 30,4 días, justo en el límite legal de un mes establecido por ley (las empresas privadas tienen hasta 60 días para pagar a sus proveedores). Sin embargo, con el nuevo método de cálculo la administración central pasaría a tardar 60,4 días en abonar sus facturas. Es decir, duplica el máximo legal.
Al mismo tiempo, las comunidades autónomas pasarán de 22 días a 52 días. El cambio de metodología acabará también con resultados absurdos como que según los datos de Hacienda en septiembre el País Vasco y Navarra pagaron a sus proveedores en -1,72 y -2,74 días. Es decir, antes de que se emitieran las facturas. En realidad, hace referencia al tiempo antes de superar el límite legal de 30 días. Es decir, que pagan en 28,28 y 27,26 días, respectivamente, como aparecerá publicado tras el cambio de cálculo.
«Es una rectificación del criterio que, aunque tardía, no deja de ser un paso más para ordenar los pagos y la información de carácter públicos», explicó este miércoles el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Además, el responsable de esta asociación que representa a un millón de pequeñas y medianas empresas, recordó que la facturación electrónica en el ámbito público permite «formalizar en el momento de la entrega de mercancía o la prestación del servicio». Es decir, que no transcurra demasiado tiempo entre que se realiza el trabajo y se emite la factura. Asimismo, Cañete avisó de que estarán vigilantes para que «no se utilice ningún truco para modificar el periodo medio de pago a proveedores».
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