El Gobierno compensará a los pensionistas por la mayor subida de los precios

El último dato del IPC es el de abril, que el INE sitúa en el 2,2% con respecto al mismo mes de 2020, sobre todo motivado por el encarecimiento de la factura eléctrica. Y los expertos vaticinan que se mantendrá aproximadamente en este nivel hasta final de año, por lo que habría que compensar a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo. Eso sí, esta conocida como 'paguilla' será probablemente la última que reciban los más de nueve millones de pensionistas en caso de que se apruebe la reforma planteada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que pretende que suban con la inflación del año anterior en lugar de con la previsión del siguiente y eliminar estas pagas compensatorias. El objetivo es que las pensiones no se devalúen, pero que tampoco ganen poder de compra cuando los precios crecen menos de lo previsto a comienzos de año.

Así, en esta reforma de las pensiones, el Gobierno se compromete ante Bruselas a garantizar el poder adquisitivo con «una nueva regla de revalorización que toma como referencia la inflación del año anterior». Además, plantea el aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal, la «adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a las nuevas carreras profesionales, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora», derogar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 y sustituirlo por otro mecanismo, un «incremento gradual» de la base máxima de cotización «acompasada de una adaptación de la pensión máxima», o el impulso de los sistemas complementarios, entre otras medidas.

Y es que el actual mecanismo de actualización de las pensiones sustituye provisionalmente al de 2013 que introdujo el Gobierno del PP, que determinaba la evolución anual conforme a la situación financiera de la Seguridad Social y que, dado su déficit estructural, determinaba un incremento mínimo, del 0,25%.

Además de las pensiones, el Plan de Estabilidad también asegura que a partir de 2022 el incremento de sueldo de los empleados públicos irá en línea con la evolución de los precios. Es decir, que el Ejecutivo se compromete a subir el salario de los funcionarios (unos 3,5 millones de trabajadores) conforme al IPC a pesar de las distintas crisis por las que atraviese el país con el objetivo de que este colectivo no pierda poder adquisitivo. Esta subida ligada a la inflación se mantendría, al menos, hasta 2024, fecha en la que termina el recorrido del Plan enviado a Bruselas.

Con la subida del 0,9% a los funcionarios decidido de forma unilateral por el Gobierno a principios de año, el Banco de España ya alertó de que podría generar un incremento del gasto público «especialmente cuestionable» en un contexto de destrucción de empleo por la crisis y un deterioro «muy acusado» de las cuentas públicas. Señaló la necesidad de implementar aumentos más focalizados dentro de los empleados públicos, como por ejemplo al personal sanitario, en vez de alzas generalizadas.