Acabar con el déficit en las pensiones exigiría subir un 23% el IRPF o un 17% los salarios

La pregunta del millón es ¿cómo se podría terminar con este agujero en las cuentas de la Seguridad Social¿ Y, en ausencia de medidas, Fedea señala en el informe 'Las pensiones públicas: Mitos y Realidades' presentado hoy algunas recetas 'milagrosas' que terminarían de facto con esos 19.000 millones de deuda pero que son bastante improbables de implantar puesto que o bien supondrían un esfuerzo inasumible para los ciudadanos o son dificiles de realizar. Una de ellas sería elevar el IRPF de todos los contribuyentes un 23%, aunque también podría conseguirse creando 3,6 millones de empleos, subiendo los salarios un 17,1% (de forma que se incrementaría la base de cotización y los ingresos por recaudación) o elevar el tipo medio de cotización que pagan las empresas y trabajadores un 4,8%.

Este déficit es consecuencia de durante el periodo de crisis (años 2008-2013) los ingresos disminuyeron en unos 11.000 millones de euros (algo normal si se tiene en cuenta que se destruyeron casi cuatro millones de empleos), pero, en cambio, el número de pensiones creció en un 8% y su cuantía en un 8,9%, lo que aumentó en gasto en 24.000 millones. La diferencia entre ambos factores son 35.000 millones, lo que deja un saldo negativo de 19.000 millones el año pasado. Casi la mitad de ese déficit se concentran en tres regímenes: el agrario, el del mar y el del carbón, principalmente el primero, con un agujero de 6.000 millones. Pero curiosamente entre los tres regímenes solo aportan un 9% del total de cotizantes. Otro sistema que acumula un saldo negativo es el de los autónomos, que supone un 8% del déficit.

Y es que la cuota actual que pagan los cotizantes es muy similar a la de 2007, lo que resulta insuficiente para asumir el gasto, que crece cada año. Sin embargo, la presión fiscal en España es 7,2 puntos inferior a la zona euro. «Si quisiéramos equipararnos, habría que subir tres puntos la cuota social del trabajador, lo que significa un 7% menos de renta disponible», advirtió este esperto que asesoró al Gobierno para la reforma de 2013.

Otro asunto que aborda el informe de Fedea es la generosidad de las pensiones españolas, con lo que pretende acabar con algunas afirmaciones simplistas que se escuchan como la de que «las pensiones españolas son una miseria para lo que pago», según explicó el autor del estudio Miguel Ángel García Díaz. Esto está muy lejos de la realidad, hasta el punto de que son «de las más generosas». Así, la tasa de sustitución (la relación entre la cuantía de la primera pensión con el último salario) se sitúa en el 78%, la más alta de toda Europa, a la que supera de media en 28,8 puntos. De igual manera, España sale muy bien parada si se compara la cuantía de la pensión con el salario medio: ocuparía el cuarto mejor puesto.

Otra forma de medir la generosidad es analizar la relación entre la aportación que hace un trabajador y su prestación, y aquí también sale perdiendo el sistema. Y es que la esperanza de vida ha aumentado en seis años desde 1975 hasta 2015, lo que supone un incremento del 38%, mientras que las aportaciones son «incluso menores», tal y como señaló el profesor García. Esto hace que un jubilado medio no ha cotizado el número de años suficiente para cobrar la pensión durante toda su jubilación (teniendo en cuenta que vive de media 21 años como pensionistas).

Así, por ejemplo, una persona que haya cotizado los 37 años que se necesitan para cobrar el 100% de la pensión, si se tiene también en cuenta el crecimiento anual del PIB (estimado en torno a un 2% anual), habría generado derecho a recibir la prestación durante 16,1 años, frente a la esperanza de vida de 21 años, si se mantiene la tasa de reposición del 78%. Esto supone que el Estado tendría que cubrir la pensión de los cinco años por los que no ha cotizado. Para cobrar por lo que uno ha cotizado, habría que reducirse la tasa de reposición al 60% y tener un crecimiento del PIB del 2%. Si se quiere continuar con la tasa de reemplazo del 78,7% se necesitaría tener un crecimiento acumulativo del PIB cada año del 3,3% durante este periodo, algo que parece muy improbable puesto que el mejor escenario que se baraja es un alza de la economía del 1,8%. Y es que solo para poder pagar el aumento de las pensiones se necesita un crecimiento del PIB del 1,4%.

«La sociedad española no es consciente de la magnitud de las cifras del sistema público», algo que es de «tal volumen» que exige un gran esfuerzo de todos para su resolución», avisa este experto que asesoró al Gobierno en la reforma de 2013 y que recalca que «no se va a solucionar solo subiéndole los impuestos a los ricos». Y para corroborar esta afirmación puso un ejemplo: «El patrimonio de Amancio Ortega, la tercera mayor fortuna del mundo, es de 85.000 millones. Si le expropiamos todo solo tenemos para pagar las pensiones hasta julio», concluyó.