La subida de las pensiones no servirá para mantener el poder adquisitivo

Sin embargo, la reivindicación por la que este colectivo lleva meses saliendo a la calle no va a cumplirse por el momento: mantener el poder adquisitivo. Y es que si al inicio del año se pensaba que con este alza del 1,6% se conseguiría, en estos últimos meses (concretamente desde mayo) la inflación ha escalado de tal manera que en junio se situó en el 2,3%.

La culpa es de los carburantes, que se está encareciendo a un ritmo notable. Y más que lo harán si el Gobierno finalmente establece un impuesto al diésel, tal y como reconoció el nuevo Ejecutivo que está estudiando, lo que podría suponer hasta 14,3 céntimos más el litro.

Si el culpable es el gasoil, la víctima, una vez más, vuelven a ser los consumidores, como los pensionistas. Y es que a la vista de cómo han subido los precios, en este momento los mayores estarían perdiendo siete décimas de poder adquisitivo. Así, si el nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez quiere cumplir con su promesa de subir las pensiones de acuerdo al incremento de los precios, debería volver a revisar a final de año y pagar los atrasos en caso de que el IPC siga elevándose más que ese 1,6%.

La nueva revalorización de las pensiones tiene efecto retroactivo, por lo que es de suponer que en un corto periodo de tiempo la Seguridad Social tenga que abonar de golpe los atrasos de las pagas de los seis primeros meses del año, lo que supondrá un ingreso extra de algo más de 75 euros de media, algo que servirá al menos para mitigar el encarecimiento de los precios.

Quienes tampoco mantendrán el poder adquisitivo son los funcionarios, puesto que la subida fija pactada en los Presupuestos es del 1,75% para 2018, lo que supone perder algo más de medio punto de capacidad de compra. Algo menos perderán los empleados públicos de aquellas administraciones que decidan un alza del 1,95%, una posibilidad que el Gobierno dejó a elección de cada entidad para determinados colectivos.

Por el contrario, quienes sí mantendrán el poder adquisitivo serán las viudas y aquellos que cobren pensiones mínimas y contributivas, puesto que el PP pactó con el PNV que el incremento para estas personas fuera del 3%, por lo que la subida de los precios no superará este porcentaje. Así, por ejemplo, un beneficiario de la prestación mínima, que tenga 65 años y sea titular de una jubilación sin cónyuge a cargo, pasará a cobrar en julio 656,9 euros al mes frente a los 637,7 euros de 2017, lo que supondrá un incremento de 246,4 euros al año.

La mayor subida será para las viudas, aunque solo afectará a medio millón, puesto que la base reguladora pasará del 52% al 56%, lo que implicará un alza cercano al 6%, lo que les supondrá de media unos 25 euros más al mes.