Retrasar un año la edad de jubilación ahorraría 4.200 millones al año

Las alternativas para solucionar esta problemática son varias, pero ninguna con resultados a corto plazo, al menos si no son drásticas. Una de las, a priori, más fáciles por no suponer un encarecimiento de las cotizaciones sociales -cosa que sí hizo el Gobierno este año con las más altas, al destopar el límite de aportaciones pero no así el de las prestaciones como contrapartida-, es el aumento de la edad de jubilación, aunque en este caso hablamos de dos tipos: la efectiva, resultado de comparar la edad media de los trabajadores que se retiran antes de tiempo, y la legal.

La primera, conforme a los últimos cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se sitúa ahora en 62,7 años (incluidas las clases pasivas, esto es, los funcionarios que suelen jubilarse a los 60), mientras que la segunda se eleva hasta los 65 años y 8 meses si se ha cotizado menos de 36 años y 9 meses (en caso de haber superado ese plazo de tiempo se podría retirar a los 65 años con toda la pensión). Pero, ¿cuánto se podría ahorrar retrasando un año ambas edades? Pues, conforme a cálculos de la consultora y correduría de seguros Willis Towers Watson, serían casi 4.200 millones de euros menos para las arcas públicas, algo más del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

En concreto, según un estudio que ha elaborado junto a investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, supondría el 0,9% menos en el gasto en pensiones contributivas de jubilación si se pospone 12 meses la edad efectiva de retiro laboral, lo que arrojaría algo más de 690 millones anuales. Este cálculo se situaría en la parte baja del que ha realizado con el mismo fin la propia AIReF. En cuanto a la edad legal, posponerla el mismo período de tiempo permitiría que la Seguridad Social se ahorrara en pagos el equivalente al 0,29% del PIB, prácticamente 3.500 millones.

Pero los autores de este informe advierten de que el déficit contributivo del sistema de pensiones alcanza actualmente el 1,65% del PIB y que la previsión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había incluido en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2019, finalmente rechazado por el Congreso, era que ese agujero alcanzara los 18.650 millones de euros a finales de este año, casi un 2% más que en 2018. En su último informe de previsiones la AIReF también descartaba una rebaja de ese desfase, e incluso ve probable un aumento por el coste de los últimos decretos sociales aprobados por el Consejo de Ministros desde la disolución de las Cortes; de hecho, prevé ahora que su gasto aumentará un 5,6% frente al 4,4% que se estimaba antes.

Por eso, el informe de Willis Towers y las dos universidades citadas propone que las dos edades de jubilación, tanto la efectiva como la legal, se incrementen cinco años, aunque sea de forma progresiva pero no muy dilatado en el tiempo. Y, de nuevo, recurre a cálculos de la AIReF para justificar esa propuesta: en el horizonte de 2048 -es decir, dentro de tres décadas-, si se mantiene la actualización de las pensionesconforme al IPC y se termina derogando el índice de revalorización aprobado en la última reforma del PP, el déficit contributivo de la Seguridad Social se dispararía hasta el 4,86% del PIB, lo que representaría más de 58.650 millones de euros conforme a la riqueza económica que el país alcanzó en 2018.

El actual secretario de Estado de Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, consideró hace pocas fechas que esas estimaciones de la Autoridad Fiscal Independiente -incluido que el gasto se incrementará hasta el 13,4% del PIB en 2048- son «muy razonables», incluso «moderadas». «Lo que hay que conseguir es que todo el mundo se jubile más tarde», defiende y, para ello, aboga por utilizar «fórmulas voluntarias, pero también obligatorias».

Entre las primeras, el Ministerio de Trabajo se ha planteado incentivos para que las personas permanezcan más tiempo en el mercado laboral -como en otros países europeos, caso de Francia-, así como elaborar marcos flexibles entre actividad y jubilación. Es decir, impulsar la jubilación parcial a fin de que un trabajador reduzca su horario laboral, de forma que cobre por un lado por la empresa de la que trabaja y de otro una parte de la pensión, al estilo del contrato relevo.

A su vez, el Ministerio baraja como medidas obligatorias endurecer las jubilaciones antes del plazo legal previsto como, por ejemplo, hacer cotizar más a quienes quieran retirarse antes. «Si usted se va a jubilar antes, debe pagar más», resume Granado, quien apunta que «las jubilaciones anticipadas se han generado por conflictos históricos», como el caso de los maquinistas de Renfe.