«Hay que reforzar las pensiones con impuestos si queremos que sean sostenibles»

Su trayectoria además la hacía una candidata inmejorable para este puesto de presidenta del Pacto de Toledo: jurista y funcionaria de carrera de la Seguridad Social, ha pasado por casi todos los escalones de la clase política, incluido el de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Y no ha decepcionado, como así se demostró en la sesión de la aprobación del acuerdo del Pacto de Toledo, donde todos los grupos políticos sin excepción alabaron su buen hacer.

–Enhorabuena, presidenta. Era éste un acuerdo muy esperado, pero complicado. Y lo ha conseguido en unos pocos meses de presidencia y en un momento muy complicado. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es el secreto?

–Es verdad que con la que está cayendo oír hablar de la palabra acuerdo es bastante difícil, pero es que estamos en el Pacto de Toledo. Si en el Pacto de Toledo no somos capaces de ponernos de acuerdo fuerzas políticas de distinto signo en aras de algo tan importante como es garantizar el presente y el futuro del sistema de bienestar... Hemos puesto muchas dosis de paciencia, ha habido un debate relajado, tranquilo, debate en el que evidentemente se ha podido discrepar, pero no ha existido el insulto. Habiendo un buen clima de trabajo es mucho más fácil encontrar puntos de encuentro, porque todo el mundo tiene que ceder.

–¿Confía en que cuando este acuerdo llegue al Parlamento reciba un apoyo mayoritario?

–Como mínimo me gustaría que recibiera el mismo apoyo que ha recibido en la comisión. Ahora bien, espero que pueda obtener alguno más, pero 30 votos a favor de 37 es una mayoría muy cualificada. Si una reforma de las pensiones se asienta en dos pilares: acuerdo en el Pacto de Toledo y acuerdo en el diálogo social, las posibilidades de que permanezca en el tiempo son mucho mayores que la que se genera de manera unilateral por un partido político sin acuerdo.

–Hay voces críticas a este documento por ser –dicen– un pacto de mínimos.

–A mí me parece que se avanza en muchas cuestiones y es un logro el haber conseguido un apoyo mayoritario. Nosotros no legislamos, solo recomendamos, marcamos unas directrices, pero tiene que ser el Gobierno el que haga las propuestas y presente los proyectos de ley.

–¿Qué diferencias tiene este documento respecto al de febrero de 2019, cuando el acuerdo que se creía inminente saltó por los aires?

–No han sido muchas. La filosofía se mantiene. Lo que se ha hecho a veces es aligerar un poco el texto, porque era bastante largo. Más que cambios de fondo en muchas recomendaciones ha habido sobre todo un cambio de forma. Sí ha habido por ejemplo un cambio en la recomendación 12, que habla de la edad de jubilación. Hemos pedido que en el plazo de tres meses el Ministerio haga un análisis en profundidad de las jubilaciones anticipadas con coeficiente reductor, deslindar cuáles han sido voluntarias y cuales forzosas por la situación de crisis anterior por si hubiese que rectificarlos para evitar inequidades. La propuesta de alguna asociación es quitarlos totalmente, pero bueno, en todo caso que se analice todo esto en profundidad y se determine qué colectivos son los afectados.

–¿Pero la postura de la comisión entonces es favorable a solucionar esos casos injustos de personas abocadas a la jubilación con fuertes recortes?

–Sí, sí, en efecto. Luego ya la solución la tendrá que poner el Gobierno encima de la mesa.

–¿Apoya la decisión anunciada por el ministro Escrivá de penalizar las jubilaciones anticipadas?

–No quiero dar opiniones personales. No todas las jubilaciones son iguales y tienen que regularse las jubilaciones anticipadas de los colectivos con tareas penosas o insalubres. También de las personas con discapacidad. Y luego hay personas que sin formar parte de estos colectivos tienen problemas de salud y para eso existe la pensión de invalidez o gran invalidez. A veces se busca como opción la jubilación anticipada cuando lo que hay que hacer es concederle una pensión de invalidez, si está justificado desde el punto de vista médico. Por otro lado, no se va a incrementar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años, pero sí queremos ir yendo poquito a poco haciendo cuadrar la edad de jubilación real a la legal. Por eso también instamos a incentivar que aquellas personas que quieran puedan alargar la edad legal de jubilación.

– Y si lo que se busca es alargar, ¿no es incongruente que el Pacto de Toledo mantenga los privilegios de los funcionarios de clases pasivas a jubilarse a los 60 años?

– Ya, pero es que en la vida cuando uno accede a algo tiene unas condiciones, tiene unos derechos adquiridos que la recomendación pide que se respeten.

–Una de las medidas acordadas y que ya se ha iniciado es traspasar todos los gastos que no sean pensiones al Estado para terminar con el déficit de la Seguridad Social, pero esto solo traslada este problema a otra parte.

–Los trabajadores de este país, con cotizaciones, han contribuido a que la sanidad sea la que es, han contribuido a que existan complementos a mínimos, a que haya prestaciones no contributivas, prestaciones de maternidad y paternidad... Hemos ayudado a muchas políticas sociales y resulta que llega un momento de crisis, bajan los salarios y las cotizaciones, ya no tenemos para pagar lo nuestro pero seguimos pagando cosas que se tenían que pagar con impuestos. Todo esto hay que clarificarlo y luego solo cumplir la ley, que dice que las prestaciones no contributivas se financian exclusivamente con los presupuestos generales del Estado y las contributivas se financian básicamente con cotizaciones, pero también se pueden inyectar impuestos.

–Es decir, que harán falta más impuestos para pagar las pensiones.

–Si queremos hacer el sistema de pensiones sostenible, hay que hacer muchas cosas. Más empleo y empleo de más calidad, reordenar todos los gastos y todos los ingresos de la Seguridad Social, controlar el fraude... Y luego, evidentemente, reforzar los presupuestos de la Seguridad Social primero con transferencias del Estado para acabar con el déficit y luego en un futuro probablemente habrá que reforzarlo como están haciendo otros países: vía impuestos. Esto es así y eso implica que hay que hacer una reforma fiscal potente, porque en nuestro sistema fiscal tenemos varios puntos menos que en otros países de la UE equiparables. Luego además hay que hacer una lucha sin cuartel contra el fraude laboral, contra el fraude a la Seguridad Social y contra el fraude fiscal. Con el plan director que pusimos en marcha siendo yo ministra se consiguieron aflorar 187.000 puestos de trabajo, lo que implicó una recaudación de más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social.

–Hay quien interpreta que el Pacto de Toledo abre la puerta a crear un impuesto a los robots.

–No se dice eso, pero sí se dice que el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social más allá de las cotizaciones para corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones en un contexto productivo y demográfico muy distinto al del sigo XX. Así se reforzaría la estructura financiera del sistema. A lo mejor no es un impuesto a los robots, pero a lo mejor sí a las empresas que estén muy mecanizadas, muy robotizadas, que tengan que hacer un plus de contribución.

–Pese a la recomendación del Pacto de Toledo y a la mala prensa que genera, en 2021 volverá a utilizarse la figura del préstamo para pagar las pensiones. ¿Considera que habría sido mejor eliminarlo ya este año?

–Los ciudadanos de a pie lo que quieren es seguir cobrando sus pensiones puntualmente todos los meses. ¿Que sería ideal que el año que viene no hubiese prestamos? Sí, pero estamos en covid- 19, el impacto de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social está siendo muy dañino, y en estos momentos no se puede. Hay que reorientar el trasatlántico de la Seguridad Social, pero es de tal envergadura que no se puede ni debe dar un volantazo. Y lo esencial es garantizar que todos los pensionistas cobren puntualmente su pensión.

–El actual documento deja más abierta la recomendación sobre el fondo de reserva. ¿Por qué se ha eliminado que tenga un mínimo del 7% del gasto anual en pensiones contributivas?

–Sinceramente, no hemos querido poner ningún porcentaje porque en estos momentos no hay excedentes. Pudiéramos haber puesto el que nos dé la gana, pero no se va a poder cumplir en estos próximos cinco años. Por eso hemos considerado de forma unánime que había que eliminar ese porcentaje. El fondo de reserva hay que mantenerlo porque a nivel público pasa igual que a nivel privado: es bueno tener unos ahorros porque dan mucha tranquilidad.