Los prejubilados pueden perder hasta 460 euros con la penalización de Escrivá

Escrivá asegura que si se consigue que un número significativo de personas posponga un mes su jubilación, algo que -apuntó- «no le cambia la vida», el impacto económico que esto tiene sobre el sistema de la Seguridad Social es «muy significativo». Según las estimaciones del Ministerio de Seguridad Social, si todos los que se van a jubilar retrasaran un trimestre su retiro, el gasto se reduciría en un 0,15% del PIB en 2050, es decir, un 0,6% si fuera un año de retraso. Esto significaría que el sistema se ahorraría unos 6.726 millones de euros, con el PIB actual, que en 2050 sería lógicamente mayor. Un ahorro nada desdeñable para una Seguridad Social que está en déficit y necesita contener sus gastos.

Pero, ¿esto qué le supone al pensionista? ¿Qué impacto tendrá sobre la nómina de los nuevos jubilados el nuevo diseño de penalizaciones al retiro anticipado que ha diseñado Escrivá? Según su propuesta, que aún ha de recibir el aval de los agentes sociales y de las Cortes, los recortes oscilarán entre un máximo del 21% para los que accedan a la jubilación 24 meses antes de la edad legal y un mínimo del 2,81% para los que lo hagan un mes antes, unas penalizaciones más elevadas en los extremos que la horquilla actual, que va entre el 16% y el 1,6%.

Los que más perjudicados se verían con este nuevo esquema son los trabajadores con sueldos más altos y aquellos que decidan adelantar su jubilación 24 o 23 meses o lo hagan en el trimestre anterior a la edad legal. Las casuísticas son muchas y es imposible entrar a calcular todos los supuestos, pero ¿cuánto puede supone este recorte en la pensión de un trabajador que se jubile dos años antes? Tendría un fuerte castigo, ya que podría perder hasta 460 euros mensuales en el momento en que entraran en vigor los nuevos coeficientes reductores, según una simulación realizada por el despacho de abogados BSK Legal & Fiscal.

Según sus cálculos, la pensión máxima puede verse reducida entre 244 euros al mes (para los que tengan carreras muy largas) y los 460 euros al mes (para los de carreras cortas) si se adelanta dos años el retiro respecto de la actual regulación. Más concretamente, para un trabajador que esté en las bases máximas y haya cotizado menos de 38 años, si ahora se jubila dos años antes cobrará 2.599 euros al mes, un recorte de 208 euros, puesto que la pensión máxima está en los 2.707 euros. Con el nuevo diseño, su nómina se reduciría hasta los 2.138 euros brutos al mes. En el caso de que hubiera cotizado más de 45 años, la merma se reduciría a 244 euros: pasaría a recibir 2.355 euros brutos en lugar de los 2.599 que le corresponderían con la legislación actual. Este es el colectivo más castigado con el nuevo modelo, ya que en lugar de realizar el ajuste sobre la base reguladora pasa a hacerse sobre la pensión real.

En el caso de un trabajador con un sueldo medio de unos 1.500 euros al mes, no presenta penalización adicional a la actual aquellos que tengan carreras de cotización muy largas y cobrarían en ambos casos 1.305 euros brutos al mes como pensionistas, pero sí perderían cada mes 75 euros quien haya cotizado menos de 38 años. Así, en lugar de cobrar 1.260 euros al mes como jubilado con la regulación actual, ingresaría 1.185 euros al mes.

La abogada laboralista Ane Etxabe, del despacho BSK Legal & Fiscal, explica que la propuesta lanzada por el ministro para quitar atractivo a las jubilaciones voluntarias adelantadas no carga especialmente contra las carreras muy largas, mientras que en las cortas los coeficientes tratan de retrasar el retiro lo más posible. El mayor cambio se encuentra en las pensiones máximas, en las que están topadas. Aquí el coste económico por prejubilarse será mucho mayor que ahora, algo que se debe a que los coeficientes reductores pasarían de «aplicarse directamente a la pensión mientras que, hasta ahora, se aplicaban sobre la base reguladora», apunta.