El PP renuncia, al menos temporalmente, a su reforma de las pensiones

Con la reforma entró en vigor una nueva fórmula para subir las pensiones que tenía en cuenta cuatro factores: la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, la inflación media, el crecimiento en el número de pensiones y la diferencia entre altas y bajas (lo que viene a denominarse 'tasa de sustitución'). De esta forma, la evolución de los precios dejaba de ser el baremo de subida automática y pasaba a ser una referencia más. Sin embargo, en la práctica esto ha significado que en el último lustro los ingresos de los jubilados apenas han crecido un 0,25% anual, ya que la Seguridad Social registra déficit desde el año 2010.

Ahora, el Gobierno vuelve a ligar la subida al IPC, al pactar elevar las prestaciones con carácter general un 1,6% en 2018 y 2019, en línea con la inflación prevista, y renunciar a lo que hasta ayer era una de sus líneas rojas. Lo hace un día después del principio de acuerdo en el Pacto de Toledo para que los precios vuelvan a ser un elemento primordial para el cálculo de las prestaciones, aunque incluyendo otros factores como el PIB o los salarios.

De igual manera, el factor de sostenibilidad parece que ni siquiera llegará a ver la luz, al menos por el momento, al arrancar el PNV una prórroga de cuatro años: tendría que entrar en vigor el próximo 1 de enero y no lo hará hasta 2023, como pronto. Este factor corrector vendría a reducir en torno a unos 75 euros al año la prestación de los nuevos pensionistas (entre un 0,5% y un 0,7% menos), al vincularse automáticamente a la esperanza de vida en ese momento. Eso sí, este recorte será acumulativo, por lo que los que se retiren en 2020 tendrán una merma del 1%, que se elevará a un 'tijeretazo' de más del 15% para los que se jubilen dentro de 20 años. O no, ya que todo apunta a que se va a modificar.