UGT pide revisar las pensiones de todos los trabajadores a tiempo parcial

«Debería existir un mínimo de retroactividad», denunció hoy durante la presentación de la campaña la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato, Mari Carmen Barrera, quien enfatizó además que esta doctrina del Constitucional es contraria a la norma comunitaria, puesto que el pasado 8 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró también discriminatorio y estableció que no se pueden limitar temporalmente los derechos de los afectados por el anterior cálculo. «Esta doctrina prevalece sobre lo que digan los tribunales nacionales, incluido el TC», sostuvo, al tiempo que recordó que la prestación de jubilación permite su revisión hacia el futuro en cualquier momento.

Pese a que UGT anima a todos los jubilados a tiempo parcial a reclamar y que sea el juez en última instancia el que decida, entiende que como mínimo la retroactividad tendría efecto para los últimos cuatro años, tal y como suele ser habitual en la jurisprudencia. Siendo esto así, el sindicato calcula que, además de las 34.000 revisiones que estima el Ministerio de Trabajo, otros 120.000 jubilados se beneficiarían también del nuevo cálculo, quienes, además de incrementar su pensión a futuro, tendrían el derecho a percibir los atrasos de los últimos cuatro años, lo que significa «un importe considerable».

La sentencia del Constitucional fue acatada de forma inmediata por la Administración de la Seguridad Social, sin esperar si quiera a una reforma legal, pero sí limitó los efectos en el tiempo a aquellos que se jubilen a partir del 12 de agosto -fecha de publicación del fallo- y a las situaciones jurídico administrativas no firmes. «Se trata de una interpretación por parte de la Seguridad Social que es discriminatoria y con la que no estamos de acuerdo», defendió Barrera, que incidió en que los que se hayan jubilado anteriormente «no tienen por qué quedarse con una pensión mal calculada».

Los efectos de esta nueva regulación se ponen de relieve con un ejemplo concreto. Así, una persona que haya trabajado 20 años con una jornada a tiempo parcial del 50% y una base media de cotización de 700 euros, con la anterior normativa cobraría una pensión de 350 euros y tras la sentencia pasaría a ingresar 429,8 euros, según estimaciones de UGT, que precisó que el impacto económico que prevé la Administración asciende a unos 268 millones de euros anuales, que irán aumentando con las nuevas jubilaciones hasta alcanzar los 500 millones en el plazo de diez años.

De cualquier forma el alcance real es limitado, puesto que no afectará a los 2,9 millones de personas que trabajan actualmente a tiempo parcial, puesto que los que tengan pensiones muy bajas ya el Estado se las compensa con los complementos a mínimos y tampoco afectará a los que tuvieran una jornada que fuera superior al 67% de la de tiempo completo, puesto que en este caso las equipara.