Los pensionistas han perdido 420 euros de poder adquisitivo desde 2010

Sin embargo, el objetivo es que tampoco tengan más, algo que también ha ocurrido en otras ocasiones: cuando las pensiones se han elevado por encima de lo que finalmente lo ha hecho la inflación. Es más, así sucedió el año pasado: las prestaciones aumentaron un 0,9% mientras los precios cayeron un 0,3%, lo que significa que los mayores ganaron 1,2 puntos porcentuales de capacidad de compra, la mayor ganancia de la última década.

La nueva norma que pretende aplicar el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere, de facto, congelar las nóminas de los pensionistas. Es decir, su propósito es que cuando un trabajador acceda a la jubilación, mantenga durante toda su vida como pensionista la misma capacidad de compra, puesto que sus prestaciones subirán lo mismo que lo que se eleven los precios. Ni más ni menos.

¿Cómo se hará esto? La última propuesta de Escrivá a los agentes sociales establece que las pensiones subirán cada año con la inflación media de diciembre del ejercicio anterior a noviembre. A diferencia de lo que se ha hecho estos últimos años, que se hace en función de la estimación prevista de los precios, utiliza ya el IPC medio de ese año. Sin embargo, habrá un mecanismo para que, en caso de que la inflación media sea negativa, como ha ocurrido en 2020, las pensiones no bajen, pero tampoco suban y esa diferencia se compensará en los tres años siguientes con una revalorización más moderada, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. Es decir, si en 2020 la inflación media se situó en el -0,3%, esas tres décimas se restarían a los alzas de los tres años siguientes.

En la última década, ha habido otros tres ejercicios en los que el IPC terminó en negativo: en 2014, 2015 y 2016, por lo que los jubilados ganaron poder adquisitivo pese a que sus nóminas se elevaron ese mínimo 0,25% establecido con la reforma de pensiones de Mariano Rajoy. Sin embargo, en la última década los jubilados han perdido casi tres puntos de capacidad de compra, lo que quiere decir que tienen menos dinero que antes: 422 euros menos.

Así, si en 2020 la pensión media del sistema se situó en 1.011 euros al mes, en 2010 sería 1.041 euros en términos reales, lo que supone 30 euros más cada mes, 422 euros en el año, según los cálculos realizados por CC OO.

Esta pérdida se debe a la fuerte subida que los precios experimentaron en los cuatro primeros años de la pasada década, mientras que la revalorización de las nóminas de los jubilados fue muy inferior, del 1%, e incluso en el año 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones en plena Gran Recesión. Ese fue el año con mayor pérdida de capacidad de compra, más de tres puntos menos en un solo ejercicio.

En 2017 los pensionistas también sufrieron un duro golpe a sus nóminas, debido a que solo se elevaron el 0,25% que establece la fórmula ideada por Rajoy, mientras que el IPC se impulsó un 2%. Este fue el punto de inflexión que hizo que los jubilados salieran a las calles para exigir derogar este índice que tiene los días contados.

La negociación que mantienen Gobierno y agentes sociales para poner en marcha la primera fase de la reforma de las pensiones «no va muy bien», según reconocieron a este periódico fuentes cercanas. La nueva fórmula de revalorización no termina de convencer a los sindicatos, pese a que Escrivá ha aparcado su pretensión inicial de que fuera una media móvil del IPC de cinco años y ha accedido a que se haga con la inflación media del último ejercicio. Hay un «tenso debate» en torno al empeño del ministro de blindar la fórmula ante las ganancias, explicaron.

Pero incluso hay mayor discusión en torno al otro gran reto: acercar la edad real de jubilación a la edad legal con medidas tales como prohibir la jubilación forzosa en los convenios colectivos y penalizar con más dureza la jubilación anticipada. Para ello el ministro ha diseñado unos nuevos coeficientes reductores mensuales que supongan un recorte real del 4% de los ingresos por cada año de adelanto.

El Gobierno quiere tener esta primera fase de reforma lista a final de mes para enviar a Bruselas, pero los agentes sociales lo ven muy improbable y piden cambios de calado.