El Gobierno sube un 0,9% las pensiones pero aplaza el alza para los funcionarios

«Paso a paso», repitió en varias ocasiones el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, quien se justificó en que «tenemos 1.400 días» para poner en marcha» las propuestas anunciadas pero prometió que va a haber «muchas buenas noticias». Tampoco dio pistas de cuándo se aprobará el techo de gasto y se presentarán los nuevos Presupuestos («en las próximas semanas les daremos información al respecto», precisó) pero sí apuntó que comenzarán «cuanto antes» a negociar con la Comisión Europea una nueva senda de déficit porque «las circunstancias económicas han cambiado de hace unos meses a ahora».

Por tanto, una única medida económica para el primer Consejo de Ministros de la legislatura: la subida de los más de 11,1 millones de pensiones públicas del 0,9%, en función de la inflación media prevista para este año, lo que supone casi la mitad de ese 1,6% que se impulsaron en 2018 y 2019. Por primera vez en los dos últimos ejercicios las prestaciones más bajas, es decir, las mínimas y las no contributivas, tendrán el mismo alza: solo un 0,9%, menos de una tercera parte de ese 3% que se elevaron los dos últimos años gracias al acuerdo alcanzado entre el anterior Ejecutivo del PP y el PNV. Eso sí, la norma incluye el compromiso de que en caso de que el IPC sea superior a ese 0,9%, antes del 1 de abril los pensionistas recibirán la diferencia en un único pago, tal y como sucedió el año pasado. De igual forma, tendrá carácter retroactivo, por lo que en la nómina de febrero los mayores obtendrán los atrasos de enero. «No habrá ninguna merma en el poder adquisitivo», aseguró Sánchez, incidiendo en que en 2019 los pensionistas ganaron por primera vez en los últimos años capacidad de compra.

El coste anual de esta medida será de 1.406 millones de euros, de los cuales casi 1.300 millones se destinarán a pagar las prestaciones contributivas, 144 millones para las de las clases pasivas (que cuentan con 655.000 funcionarios como beneficiarios), 23 millones para sufragar las no contributivas y otros 10 millones para las de familiares con hijo a cargo, según precisó el Ministerio de Trabajo en una nota de prensa.

Además, Sánchez se comprometió a «garantizar la sostenibilidad» del sistema y abogó por hacerlo «con medidas justas y equilibradas» dentro del Pacto de Toledo, con el «consenso» de todas las fuerzas parlamentarias y de sindicatos y empresarios, a los que «tendió la mano». En esta misma línea, dejó caer que la nueva subida del SMI no será inmediata, ya que «los sindicatos y empresarios tienen que opinar», respondiendo así a una demanda de los agentes sociales. Pero sí reiteró en varias ocasiones que el Gobierno mantiene la «firme voluntad» de elevarlo a final de legislatura al 60% del salario medio, aunque en este aspecto hay discrepancias y mientras Unidas Podemos lo sitúa en 1.200 euros al mes, UGT lo cifra en 1.150 euros y CCOO lo rebaja a 1.000 euros. «Acabamos de empezar y quedan muchas semanas por delante. Iremos anunciado los acuerdos durante las próximas semanas», apuntó el presidente.