El 75% del coste de las pensiones quedará sin respaldo financiero en 2050

Ellos lo tienen claro: el sistema de pensiones no es sostenible financieramente y no es eficiente, ya que es «muy generoso» comparado con el programa público de países del entorno. «Cada euro de pensión de jubilación tiene un coste de 1,28 euros», aseguró el presidente del IAE, Gregorio Gil de Rozas, durante la presentación del estudio en Madrid, lo que «ataca a la línea de flotación del sistema». Por ello, es «clave» exigir al nuevo Gobierno que diseñe una estrategia «ambiciosa y completa» de todo el sistema de pensiones si se quiere hacer sostenible en el tiempo.

Sus cálculos llevan a la conclusión de en 2050 el índice de solvencia de las pensiones (mide la capacidad para hacer frente a la obligaciones de pago) se reduciría hasta el 24,5%, lo que significa que más del 75% del coste de las prestaciones quedaría sin respaldo financiero en 30 años en el escenario más benévolo con el que trabajan, si no se toman medidas.

El saldo contributivo acumulado entre 2008 y 2018 se cifra en -76.222 millones de euros, entrando en negativo desde el año 2014. Actualmente cada euro de jubilación tiene un coste de 1,28 euros, pero la cifra seguirá en aumento si, como se detecta en el informe, la revalorización de las pensiones no se ancla, al menos durante unos años, en el límite mínimo del 0,25% fijado para el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).

Más allá, el organismo asegura que si las pensiones se revalorizan conforme al IPC de aquí en adelante -como el año pasado-, el déficit de la Seguridad Social se triplicará en 2050, hasta situarlo cerca del 5% del PIB. La proyección se ha calculado con una revalorización conforme al IPC a largo plazo del 1,8% y un aumento del PIB del 1,7%, mientras que en un escenario más optimista, el sistema entraría en superávit en la década de 2030 si se aplica una revalorización del 0,25% con una economía creciendo al 2,15%.

Una expectativa muy optimista, ya que las últimas previsiones indican que la economía española crecerá como mucho al 2% este año para empezar a bajar a partir de 2020, que cerrará en el 1,7% y una décima por debajo en 2021, según las cifras que maneja el Banco de España.

Por tanto, Gil de Rozas consideró «crítico» implantar con urgencia un automatismo en la revalorización de las pensiones que tenga en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social y otros indicadores macroeconómicos.

Por tanto, Gil de Rozas consideró «crítico» implantar con urgencia un automatismo en la revalorización de las pensiones que tenga en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social y otros indicadores macroeconómicos.

En su opinión, lo primordial es que las pensiones salgan del panorama político, en el que cada cuatro años se realiza una reforma para su revalorización, y acordar una métrica con la que se eleven a largo plazo pero aplicando ajustes «de forma gradual», repartiendo su carga entre generaciones, con mayor peso entre aquellas que tienen «más tiempo de adaptación: los jóvenes».

Eso sí, desde el Instituto advierten de que estas conclusiones no tienen que tomarse de forma «fatalista» porque hay muchas medidas que se pueden adoptar gradualmente. Critican que a diferencia de países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Suecia, la Seguridad Social española no publica a día de hoy ningún indicador actuarial del sistema de pensiones. Por ello, abogan por estructurar un modelo en el que la equidad actuarial tenga un mayor peso, ya que con ella «se podría garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación».

Además, piden la creación de una figura pública en el sistema de Seguridad Social que actúe como «fuente independiente, rigurosa y capaz» para garantizar la coherencia actuarial y financiera. Este perfil sería, en su opinión, un agente «clave para proponer reformas, mejoras y modificaciones del sistema de pensiones» que garanticen la viabilidad del modelo y eviten la actual situación, «con ciudadanos cada vez menos incentivados por cotizar».