La pensión máxima para 2021 queda fijada en 2.707 euros al mes

Así, en 2021 ningún pensionista de la Seguridad Social podrá recibir unos ingresos anuales superiores a los 37.904,86 euros, lo que supone 338 euros más que este año. Este límite no se podrá tampoco rebasar ni siquiera si se es beneficiario de dos prestaciones (la suma de ambas nunca puede superar esta cantidad, tal y como se especifica en el documento). Para conseguir esta jubilación, el trabajador tendrá que haber cotizado al menos 37 años y haber pagado el máximo a la Seguridad Social durante los últimos 22 años de su carrera, aunque hay algunos otros supuestos en el que también se puede cobrar.

Esto significa que están cotizando en la actualidad por unos ingresos de 48.840 euros, aunque luego reciben cuando se jubilan 37.900 euros, ya que la brecha entre la pensión máxima y la base máxima de cotización cada vez se amplía más y se dispara ya a más del 45%. A día de hoy, hay casi 1,5 millones de afiliados que están cotizando por el máximo, según estimaciones del Ministerio, que CEOE rebaja a un millón.

Lo que aún no se sabe es si las bases máximas subirán el próximo año o se congelarán, al igual que ocurre con las bases mínimas, que en este caso se elevan lo que avance el Salario Mínimo Interprofesional, ya que aunque en los Presupuestos se mantengan congeladas esa decisión la toma el Gobierno a final de año, después de someterlo al diálogo social.

Lo que sí precisa el anteproyecto es que el Gobierno se compromete a presentar antes de un año «un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción» con el objetivo de incentivar el ahorro para la jubilación también en colectivos como pymes y autónomos. La creación de este fondo público ya la había anunciado previamente el ministro José Luis Escrivá, pero ahora se le pone un plazo y se establece cuáles serán sus condiciones.

Los fondos de pensiones de promoción publica serán de carácter abierto y podrán adscribirse los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan y lo harán por defecto los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto. Igualmente, estos fondos de pensiones públicos podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo que así lo decidan con un nivel de gastos que incentive la competencia en el sector, que es uno de los objetivos que persigue el Gobierno para abaratar las comisiones. De esta forma, se permitirá a los trabajadores que ya tengan un plan de ahorro individual traspasarlo a este fondo público, así como migrar los planes de empresa existentes a este estatal.

El proceso de selección de las entidades gestora y depositaria del fondo se hará a través de concurso competitivo abierto. Estarán regidos por una comisión de control, que será la que decida la política de inversiones, si bien el Ministerio de Inclusión podrá autorizar su modificación, al tiempo que tendrá derecho de veto sobre las decisiones que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria. «La política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Seguridad Social», puntualiza el documento.