La OCDE aboga por acotar las pensiones de viudedad

Así, la organización aboga por limitar las pensiones de viudedad puesto que en la actualidad cada vez más mujeres acceden a un empleo, el modelo de familia está cambiando y ellas tienen una esperanza de vida superior a los hombres. Concretamente, recomienza a sus países miembros -entre los que se incluye España, que tiene el mayor número de prestaciones de supervivencia del mundo- que dejen de ser vitalicias a menos que el beneficiario haya alcanzado la edad de jubilación, o lo que es lo mismo, que sean temporales para aquellas personas que están en edad de trabajar. Con ello lo que busca es que se convierta en una ayuda transitoria para adaptar la situación económica a la pérdida de la pareja, puesto que el beneficiario puede incorporarse al mercado laboral, y que no se convierta en un desincentivo para buscar un trabajo.

«Las pensiones de viudedad deberían centrarse más claramente en suavizar el nivel de vida de los viudos, un objetivo político necesario, al mismo tiempo que se limitan los desincentivos para participar en el mercado laboral y se elimina cierta redistribución entre los hogares que es difícil de justificar», explica la OCDE en el mencionado informe.

De igual forma, el organismo presidido por Ángel Gurría se muestra partidaria de impedir que las personas divorciadas accedan a esta prestación, más si cabe cuando vuelven a contraer matrimonio, y en esta misma línea apuesta por adaptarlas a la situación familiar de cada uno, para que no cobren igual los solteros que los que vivan en pareja. Su argumento es que aquellos que cohabitan comparten gastos de casa y convivencia y se benefician de «economías de escala», mientras que los individuos que viven solos tienen que hacer frente al 100% de los gastos, por lo que la ayuda para ellos debería ser superior.

Esto supondría un cambio radical para la gran mayoría de estados, puesto que solamente nueve países de los 35 que componen el club internacional limitan o niegan el derecho a cobrar una pensión de viudedad después de que se produzca un divorcio. En España lo que sí está acotada esta prestación es para aquellos beneficiarios que vuelven a contraer matrimonio, algo que tampoco se permite en otros cinco países.

«Las pensiones de viudedad son útiles para proteger los ingresos disponibles de una persona una vez que su pareja muera, de la misma forma que las pensiones de jubilación sirven para evitar una caída en los ingresos tras las jubilación», explica el organismo, que de nuevo pide mayor flexibilidad en la edad de jubilación para tratar de alagar más la etapa activa de los trabajadores puesto que la esperanza de vida cada vez es mayor.

Este debate toma especial relevancia en España, el país que tiene más prestaciones de supervivencia del mundo. Así, por cada cien prestaciones de jubilación se dan otras 47 de viudedad, o lo que es lo mismo, casi una por cada dos trabajadores retirados, porcentaje que más que duplica la media de los estados más industrializados, que se sitúa en 22 por cada cien.

Pero es que además es el tercer país -tras Grecia e Italia- con mayor gasto en pensiones de viudedad de este club: superó el 2,3% del PIB en 2017, lo que supone también que duplica con creces la media de la OCDE, que se sitúa en el 1%, según se recoge en el informe.

A la vista de estos datos, no es de extrañar que este tema que ahora pone de actualidad la OCDE lleve tiempo siendo objeto de debate en España e incluso la semana pasada el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, abogó por adaptar las pensiones de viudedad al siglo XXI. En ello trabaja el Pacto de Toledo, aunque por el momento sin muchos visos de alcanzar un pacto a este respecto. Encima de la mesa se debatió la posibilidad de que estas prestaciones dejaran de ser contributivas, algo que fue rechazado por la mayoría de grupos. Lo que sí parece bastante probable es que dejen de pagarse mediante cotizaciones y se haga mediante transferencias del Estado, eso sí, conservando su carácter contributivo.

Y es que cada mes la Seguridad Social dedica más de 1.600 millones a pagar estas prestaciones, que cobran más de 2,3 millones de mujeres a una media de 680 euros mensuales, con lo que sacar este gasto del sistema supondría un ahorro anual superior a los 22.000 millones de euros.