Objetivo: liberar a la Seguridad Social del déficit en 2023

El año pasado las cuentas de la Seguridad Social cerraron con unas pérdidas de casi 16.800 millones, el 1,34% del Producto Interior Bruto (PIB). Pero la pandemia y la crisis económica han modificado drásticamente todas las previsiones. El déficit de este año probablemente triplicará al de 2019, superando ampliamente los 45.000 millones, un 4,1% del PIB. Esta es la estimación que se recoge en el Plan de Estabilidad, que contempla una reducción de este déficit en 2022 hasta el 3%.

Para lograr ese encaje, el Pacto de Toledo recomienda actuar en dos planos. Por una parte, derivando todos los denominados como «gastos impropios» del sistema al Presupuesto del Estado. Es decir, que la Seguridad Social se haga cargo exclusivamente de las prestaciones contributivas -a grandes rasgos, las de jubilación-. Pero que el Estado asuma otras más vinculadas al ámbito social, el debate estará en si se sacan del sistema las pensiones de viudedad o las de orfandad. También debería liberarse de otras muchas partidas como las bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

El texto del borrador considera que si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones contributivas «se habrían evitado las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones» al «alentar un falso conflicto intergeneracional»; y también «un desequilibrio presupuestario que ha derivado en la concesión de préstamos del Estado» a la Seguridad Social.

Precisamente la cuadratura de las cuentas del sistema llegaría, además, por otra vía de actuación: las transferencias que el Estado debería inyectar a la Seguridad Social para completar el nivel de cotizaciones que recaude, si no es suficiente para abonar las pensiones, cuya nómina mensual ya se aproxima a los 10.000 millones de euros. En este caso, el Pacto de Toledo aboga por acabar con los préstamos del Estado y amplía las partidas de la Seguridad Social que el Estado debe financiar vía transferencias directas o vía impuestos. En los últimos años, el Gobierno de turno ha recurrido a los préstamos para poder abonar las pagas extraordinarias de verano y Navidad.

Por ahora, el Ejecutivo ya tiene en mente que el Estado asuma el próximo año algo más del 60% del gasto en pensiones que no le corresponden al sistema. Concretamente, le liberará de 13.929 millones de euros de los 22.871 millones que el ministerio dirigido por José Luis Escrivá cuantificó recientemente como gastos impropios. Así lo recoge el Plan de Estabilidad enviado a mediados de mes a Bruselas: «En 2021 el Estado realiza un esfuerzo importante de manera que transferirá a la Seguridad Social para cubrir, entre otros, parte de los gastos que asumía el sistema por 13.929 millones».

Sí conseguiría cerrarse ese agujero en 2023, como recomienda la Comisión, si se culmina el proceso de separación de fuentes. Llevar a cabo esta tarea de financiación «constituye un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo», sostiene el texto remitido a la Comisión Europea.