El debate sobre el sistema de pensiones no se cierra ni siquiera unos pocos meses después de que el Gobierno culminara la reforma que pretende garantizar su sostenibilidad para las próximas décadas. Es necesaria una contrarreforma. Así al menos lo sostiene la agencia estadounidense de ... calificación Moody's, que se suma a otros organismos como la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) o el Banco de España que piensan que el país aún no ha hecho los deberes en esta materia.
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Y hace una clara advertencia a las autoridades: o el Ejecutivo lleva a cabo más ajustes en el sistema –que implicarán, por tanto, nuevos recortes– o de forma irremediable el déficit se disparará al 3,2% en 2040 y esto afectará de manera negativa a la calificación crediticia de España, situada actualmente en 'Baa1' con perspectiva estable, lo que encarecería las emisiones de deuda y, por tanto, complicaría su financiación.
Moody's estima, en un informe publicado este miércoles, que si no se llevan a cabo medidas adicionales a las establecidas en la reciente reforma, que eleva exponencialmente los gastos del sistema al vincular por ley la subida de las pensiones con el IPC, el déficit de la Seguridad Social se incrementará hasta el 1,4% para 2030 y hasta el 3,2% para 2040, frente al 0,5% de 2022.
La reforma diseñada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha aferrado a la vía de conseguir más ingresos principalmente con una triple subida de cotizaciones: para todos los trabajadores a través del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que busca llenar la hucha de las pensiones para pagar las pensiones del 'baby boom'; la subida de un 30% de las bases máximas, y la denominada 'tasa de solidaridad' para las rentas más altas.
Gracias a todas las medidas contempladas en la reforma de Escrivá, los ingresos crecerán alrededor del 1% del PIB en su punto máximo –según estimaciones de Moody's–, lo que pone en evidencia que se trata de un aumento insuficiente para equilibrar el sistema, en números rojos desde hace años.
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Además, la firma advierte que «los ingresos podrían ser inferiores si las nuevas medidas tienen efectos económicos indeseables», ya que «algunas estimaciones apuntan que provocarán una pérdida de empleo permanente de más de 100.000 puestos de trabajo», algo «especialmente relevante para un país como España, donde la tasa de desempleo sigue rondando el 12% a pesar de las mejoras de la última década».
Cabe señalar que la última reforma del Gobierno no tiene prácticamente ninguna medida para contener el gasto, más allá de la penalización de las jubilaciones anticipadas y la lenta y progresiva ampliación de los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Al contrario, la subida por ley de las pensiones con el IPC supondrá un fuerte desembolso económico –más por la actual escalada de los precios– que tensionará aún más el sistema, a lo que hay que sumar el fuerte envejecimiento de la población española, «a uno de los ritmos más rápidos de Europa».
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Y es esta línea, la del ahorro, por la que apuesta la agencia crediticia «dada la magnitud del déficit previsto». Más en concreto, considera conveniente llevar a cabo «reformas estructurales que aumenten la tasa de empleo o el PIB real potencial». Así por ejemplo, calcula que si el PIB real potencial aumentara hasta el 2% en 2023-2060, se ahorrarían 0,5 puntos del déficit de la Seguridad Social en 2030; 1,4 puntos en 2040 y 2,3 puntos en 2050.
Pero de no tomarse nuevas medidas, Moody's estima que los gastos de la Seguridad Social aumentarán desde el 13,5% en 2022 hasta alrededor del 15% del PIB a finales de esta década y hasta el 16,8% en 2040.
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