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Aunque la patronal ya había dejado constancia en la mesa del diálogo social su rechazo a la segunda parte de la reforma de las pensiones planteada por el Ministerio de Seguridad Social, el presidente de la CEOE, ha cargado contra la intención del Ejecutivo al ... considerar que «no es seria» y ha criticado que se pida a los empresarios que se sienten ahora a hablar cuando se han tomado decisiones «sin consultar», como la subida de las bases máximas de cotización para 2023 en un 8,6% recogida en Presupuestos.
Garamendi ha denunciado que la propuesta del Ejecutivo contempla que, a futuro, las bases máximas de cotización suban con la inflación más 1,15 puntos adicionales cada año durante un total de 25 años, lo que implicará al menos un alza del 30%. En cambio, la pensión máxima sólo subiría en este periodo un 3%. «Eso no es serio», ha insistido el dirigente empresarial. Y ha insistido en que las pensiones tienen que ser «sostenibles» desde el punto de vista financiero y ha afirmado que le preocupa «no tanto cuál será su pensión de jubilación, sino la de sus hijos».
La reunión que mantuvo este jueves el Gobierno con los agentes sociales -la primera después de que se presentara la propuesta de ampliar a 28 los años para calcular la pensión- no es que terminara sin ningún tipo de avance, sino que además los sindicatos y empresarios se plantaron ante el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y le avisaron de que no negociarán esta medida hasta que no les garanticen que cuenta con el suficiente respaldo político para ser aprobada en el Congreso. Un apoyo que, a día de hoy, parece imposible puesto que todos los grupos parlamentarios -Unidas Podemos y el resto de socios del Gobierno incluidos- han mostrado su más absoluto rechazo a una propuesta que supone un «recorte» de derechos.
Por ello, Garamendi ha instado al Pacto de Toledo a ser quien «le ponga el cascabel al gato», pues es esa Comisión parlamentaria la que, a su juicio, se tiene que sentar a hablar del futuro de las pensiones, analizarlo «con frialdad» y dejar fuera un tema como este del espacio electoral.
Al mismo tiempo, considera que los dos principales partidos, PSOE y PP, deberían sentarse a hablar «seriamente» sobre el asunto de las pensiones, pues actualizar las pensiones con el IPC cuesta, por cada punto de inflación, 1.500 millones de euros «que van al gasto estructural del país». Garamendi ve difícil que antes de finales año pueda pactarse la segunda pata de la reforma de pensiones, como quiere Escrivá, pues los papeles del Gobierno «son de ayer». «Quiere aprobarlo antes del 31 de diciembre. No lo vemos», ha apuntado.
También se ha pronunciado sobre la subida prevista del salario mínimo interprofesional (SMI) al considerar que este asunto «es mucho más profundo y serio» que una mera cantidad. Tras recordar que el SMI se ha incrementado más de un 30% en los últimos años, el dirigente empresarial ha advertido de lo «peligroso» que es que el SMI esté «empezando a rebasar las propias bandas salariales bajas de los convenios colectivos».
«Antes el SMI estaba en 300.000 personas, luego en 500.000 y ahora en 1,5 millones. Podemos llegar a que el SMI sea ya prácticamente como la energía, un tema regulado», ha dicho Garamendi. El líder empresarial ha avisado de que, si se pacta una cifra salarial determinada en un convenio, el Gobierno no se puede saltar ese acuerdo, pues al subir mucho el SMI «invade la negociación colectiva y rompe absolutamente las bandas salariales». «Si el de abajo gana tal y el Gobierno lo sube tanto, los demás me van a pedir que suba lo mismo», ha explicado.
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