Por dónde irá el futuro de las pensiones

Y mientras, la urgente reforma de las pensiones está en punto muerto. Descargar a la Seguridad Social de todos los gastos no contributivos, retrasar la edad efectiva de jubilación con incentivos y penalizaciones, ampliar el periodo de cálculo de la pensión y potenciar los planes de empleo son algunas de las medidas que gozan de un gran consenso.

En los últimos tiempos se ha instalado en la opinión pública una suerte de desazón, incertidumbre y pesimismo a la hora de hablar del futuro de las pensiones. Las encuestas del CIS nos dicen que nunca los ciudadanos han estado tan preocupados por las pensiones como en estos últimos años. Las causas parecen claras: la interminable sucesión de noticias sobre el aumento del déficit de la Seguridad Social, el progresivo vaciamiento del fondo de reserva y la proliferación de augurios catastrofistas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones en el medio y largo plazo.

Nuestra obligación como servidores públicos es atajar de manera radical esta incertidumbre. Primero, porque el catastrofismo que la alimenta es infundado. La idea de que nuestro sistema de pensiones está en quiebra o se encamina hacia ella no aguanta el mínimo contraste con la realidad. El problema contable que hoy tiene la Seguridad Social no tiene que ver con un supuesto desequilibrio estructural entre cotizaciones y pensiones, sino con la incorrecta asignación a nuestro sistema contributivo de políticas públicas que no deberían corresponder a él. Es necesario corregir esta situación para que la realidad económica incontestable -que nuestro sistema de pensiones es solvente- sea también evidente a ojos de la ciudadanía. Para ello será también fundamental que la Seguridad Social, que es quien tiene mejores datos para evaluar la solvencia y sostenibilidad del sistema, participe de manera más transparente y activa en estos debates de lo que lo ha hecho en el pasado.

En segundo lugar, porque esta incertidumbre es profundamente injusta, pues afecta a personas que, por la fase del ciclo vital en el que se encuentran, no pueden ya protegerse ante una situación sobrevenida de inseguridad económica. No podemos tolerar que la angustia y el miedo se apoderen ni de los pensionistas actuales, ni de los que van a serlo dentro de poco.

Y tercero, porque necesitamos confianza y certidumbre para afrontar los retos asociados a la llegada a la edad de jubilación de nuestras generaciones más numerosas, los llamados 'baby boomers'. Estos retos demográficos son reales, pero son manejables si usamos las herramientas adecuadas. Por ejemplo, debemos pensar mejor en cómo a través de incentivos positivos, insuficientemente conocidos y desarrollados en nuestro país, podemos ir progresivamente acercando la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Será más fácil desplegar estas medidas si la ciudadanía no alberga dudas acerca de cómo serán las pensiones en el futuro y sobre la solvencia del sistema en su conjunto.

Acabar con la incertidumbre es posible. En los noventa lo logramos con el primer Pacto de Toledo. Ahora, tras dialogar con los interlocutores sociales y las fuerzas parlamentarias, hemos podido constatar que existe un consenso sólido y razonable sobre los pilares básicos que han de definir nuestro modelo. Es a partir de ese consenso sobre el cual habrá que construir un marco legal que garantice de manera estable el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y dé certidumbre a la ciudadanía sobre la sostenibilidad futura del sistema. No escatimaremos esfuerzos para lograrlo.

El día 6 de abril celebraremos el 25 aniversario del Pacto de Toledo.

En el año 1995 en una situación de crisis económica y ante la incertidumbre sobre el futuro del sistema público de Seguridad Social los grupos políticos en el Congreso de los Diputados decidieron ponerse de acuerdo en lo que fueron unas recomendaciones que sirviesen de marco de referencia para futuras reformas del sistema. Tuvieron claro que la Seguridad Social es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y que toda la ciudadanía en uno u otro momento de su vida debe afrontar situaciones en las que, como consecuencia del desempleo, de la enfermedad, de los accidentes, de la vejez, de la viudedad... pierde capacidad para obtener una renta salarial y se ve abocada a la necesidad de percibir un subsidio o una pensión. Consideraron que era idóneo el buscar un espacio de debate tranquilo y no sometido a tensiones electorales y partidistas.

Posteriormente, estas Recomendaciones se renovaron en 2003 y en 2011. Y se deberían haber renovado en enero de 2016. En febrero de 2019 estuvo a punto de conseguirse un acuerdo, pero la convocatoria de las elecciones del 28 de abril hizo que no fuese posible. Atrás quedaron dos años de múltiples reuniones de la mesa y portavoces y de la propia comisión con cerca de cincuenta comparecencias de miembros del Gobierno, expertos, responsables sindicales y empresariales, representantes de asociaciones de autónomos, de la Economía Social, de personas con discapacidad y de diversos organismos públicos como el Banco de España o la AIReF.

Ahora toca retomar toda la tarea realizada e intentar llegar cuanto antes a un acuerdo en el seno de esta histórica e importante comisión.

La sociedad entera nos está mirando. En los últimos tiempos se han suscitado muchas incertidumbres en relación a la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social en general y de las pensiones públicas en particular y también sobre su suficiencia. Es nuestra responsabilidad transmitir certidumbre y confianza sobre el presente y el futuro de un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, interterritorial e intersectorial.

Además, el Gobierno ha de trabajar junto con los agentes sociales y económicos en conseguir un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social.

Solo las reformas de la Seguridad Social que se basan en estos acuerdos suelen tener futuro. Las que se imponen de manera unilateral por un solo grupo político, aunque en ese momento concreto tenga mayoría, suelen tener muy corto recorrido.

Tenemos que conseguir un acuerdo que garantice pensiones suficientes y socialmente sostenibles en las que se vaya eliminando progresivamente la brecha de género y que garantice también la sostenibilidad financiera a corto, medio y largo plazo. Solo así se tendrá la garantía de que las reformas legislativas son políticamente sostenibles en el tiempo.

Y, por supuesto, hay que garantizar la sostenibilidad jurídica respetando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la normativa de la OIT, la de la Unión Europea y la Constitución Española, en especial lo establecido en sus artículos 41 y 50.

Un Sistema de Seguridad Social sólido es garantía de cohesión y justicia social y, por ende, de paz social y estabilidad política.

Por todo ello, una buena manera de celebrar el 25 cumpleaños del Pacto de Toledo sería consiguiendo un acuerdo que cada día que pasa es más necesario.

Llevamos ya casi una década sin acuerdos, tras un periodo (1995-2011) en que por tres ocasiones en el ámbito político y cuatro en el del Diálogo Social, con sus correspondientes desarrollos normativos posteriores, se adoptaron importantes decisiones que han fortalecido en ese periodo nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social.

La ausencia de acuerdos, derivada en buena medida de la inestabilidad política desde 2015, ha paralizado la trayectoria de actuación participada sobre nuestro sistema. Es hora de recuperarlo. Es la mejor forma de abordar el reto que supone el incremento previsible de pensiones que se producirá en las dos próximas décadas. Reto exigente, pero acotado en el tiempo.

El objetivo pasa por mantener un sistema comparable de pensiones entre las distintas generaciones, con independencia de su número. Conseguirlo es mantener y reforzar la confianza y el mayor grado posible de legitimación social, derivado de la existencia de amplios acuerdos políticos y entre el Gobierno e interlocutores sociales.

Es condición necesaria, pues, retornar a los últimos marcos de acuerdo alcanzados: en el ámbito parlamentario, con las recomendaciones de enero de 2011 de la Comisión del Pacto de Toledo; en el ámbito del Diálogo Social, con el acuerdo de 2 de febrero de ese mismo año, que se concretó a través de las leyes 27/2011 y 28/2011 de reformas de pensiones e integración de regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social.

Eso requiere abordar con la mayor premura dos bloques de decisión. De un lado, la derogación de la reforma de 2013: índice de revalorización de pensiones al 0,25% y la definición restrictiva y rechazable que esa reforma hizo del denominado factor de sostenibilidad. Ambas medidas, hoy congeladas, no han sido aún derogadas.

De otro, trasladar tranquilidad y confianza a las personas que cobran pensiones hoy y a las que lo harán mañana, tengan mediana edad o sean jóvenes. Esto es estratégico y pasa por adoptar un paquete de medidas que garanticen, en un plazo breve y razonable, equilibrar la estructura de ingresos y gastos de nuestro sistema de pensiones, acabando con la ficción de la concesión anual de préstamos del Tesoro a la Seguridad Social.

Reforzar la estructura de ingresos procedentes de cotizaciones y de aportaciones del Estado, las dos principales fuentes de financiación definidas en la Ley de Seguridad Social, requiere decisiones inmediatas de desarrollo en un plazo razonable: sobre la imputación de costes a la Seguridad Social; la cotización por ingresos reales de amplios colectivos que hoy no tienen que hacerlo (bases máximas, trabajo autónomo, empleo doméstico.), con la consiguiente mejora de protección social para quienes hoy pertenecen a esos colectivos; la definición de tipos de cotización; el incremento normalizado de aportaciones presupuestarias predefinidas. La estructura fiscal del Estado juega un papel determinante, como hemos destacado en la propuesta que ha presentado CC OO.

Esas dos cuestiones son urgentes, sin perjuicio de abordar, cuando haya nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo -ha anunciado que no partirá de cero e iniciará sus trabajos desde el punto en el que se dejó- el conjunto de recomendaciones que puedan formularse.

Es más que deseable que esas recomendaciones, cuando se produzcan, tengan un apoyo amplio en el espectro político, tanto de las fuerzas políticas tradicionales, como de las nuevas realidades políticas que se han incorporado a la democracia representativa en los últimos años.

La estabilidad política, hoy vinculada a la mayoría progresista que existe en las Cortes, junto al mayor consenso político y social posibles, son condiciones necesarias para todo ello.

Cuando el 6 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó el texto conocido como Pacto de Toledo, consiguió algo muy importante: que todos los partidos se comprometieran de manera pública y vinculante con el mantenimiento del «sistema de reparto y solidaridad intergeneracional» de la Seguridad Social, rechazando sustituirlo «por otro basado en la capitalización y en la previsión individual» o de «limitar(lo) a la simple provisión de pensiones mínimas». Ese compromiso fue crucial en aquel momento, como también lo fue el acuerdo (no explícito) de situar las pensiones al margen de la confrontación política. Se contribuyó así a reducir la incertidumbre (que había empezado a extenderse en algunos círculos) sobre la transformación estructural del sistema, y a detener el juego político sucio (practicado, por ejemplo, en la campaña electoral de 1993).

Pero a pesar de que todos los partidos ensalzan desde entonces el Pacto de Toledo, su rendimiento ha resultado más bien modesto. En estos 25 años no ha sido capaz de reducir la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las pensiones (según los datos de encuesta disponibles), ni siquiera de difundir información veraz y útil a los ciudadanos, que, entre otras falsas ideas, albergan masivamente la de que los pensionistas, en general, reciben menos de lo que han cotizado.

Las reformas concertadas para responder a la exigencia (también contenida en el texto original del Pacto de Toledo) de «prepararse para hacer frente a un incremento de sus obligaciones con las próximas generaciones de pensionistas» han sido tímidas en comparación con las efectuadas en otros países europeos. Ciertamente, se ha avanzado en el retraso de la edad de jubilación y en el mejor ajuste entre las cotizaciones efectuadas y el importe de la pensión. Con todo, el Pacto de Toledo ha funcionado más como un punto de veto que como un catalizador de reformas. Quizá la prueba más elocuente de ello la haya ofrecido la XII Legislatura (2016-2019): tras dos años largos de comparecencias, discusiones y negociaciones, en febrero de 2019 Podemos impidió que la comisión parlamentaria aprobara un texto de recomendaciones bastante generales y cautas.

Ahora, con Podemos en el Gobierno, el ministro de Seguridad Social se ha adelantado sagazmente a declarar que el borrador de aquel documento no aprobado hace un año «es un punto de partida excelente para desarrollar el modelo de pensiones del futuro». Tomándolo como trampolín más que como peana, Escrivá parece querer llegar lo más lejos posible en la reordenación de los gastos del sistema de la Seguridad Social para resolver la cuestión (a su entender, contable) del déficit actual del sistema e incentivar (incluso forzar) el retraso de la edad de jubilación.

Con la vista puesta en la evolución de las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco, apuesta también por ir «desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la negociación colectiva». Quizá estas palabras puedan interpretarse como un 'aviso a navegantes', como una invitación a mejorar la oferta de los planes individuales. En todo caso, antes de emprender los cambios fiscales insinuados, convendría acumular evidencia que respalde la expectativa de éxito de una estrategia semejante, sin olvidar que el tamaño de la empresa vasca es mayor que el de la española (según datos de ConfeBask), y que, en casi todos los factores de competitividad empresarial, Euskadi supera la media del conjunto de España (como muestra un informe reciente de Orkestra).