Fedea propone otra forma de actualizar las pensiones con el IPC y la salud financiera del sistema

El estudio sostiene que suprimir la reforma de 2013 supondría un aumento muy considerable del gasto que «podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema durante las próximas décadas hasta hacerlo inviable, lo que llevaría a un ajuste abrupto que obligaría a un fuerte recorte de las pensiones de un día para otro». El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, recalcó que ni siquiera una inmigración elevada resolvería el problema, aunque sí podría mitigarlo.

Pero la reforma de 2013 ya está en vías de desaparecer. El índice de revalorización de las pensiones (IRP), que impedía subir más del 0,25% la cuantía de las prestaciones mientras hubiera desequilibrio financiero, ha sido anulado en la práctica y la Comisión del Pacto de Toledo recomienda volver a actualizar las pensiones en base al IPC. Fedea propone una nueva fórmula, a medio camino entre el IRP y el IPC sin más: actualizarlas mediante un regla que tendría en cuenta el IPC y el índice de salud financiera del sistema (diferencia entre ingresos y gastos). Actualmente , ese índice es del 0,85 (el sistema ingresa el 85% de lo que gasta), por lo que con una inflación del 2%, las prestaciones subirían el 1,7% (que es el 85% de 2), un mecanismo menos drástico que el IRP pero que permitiría un ahorro este año de 435 millones de euros y «ayudaría a frenar el gasto cuando las cosas van mal y a incrementarlo en caso de superávit», explicó De la Fuente. No obstante, defiende que las pensiones mínimas se revaloricen siempre con el IPC para que no pierdan poder adquisitivo.

A partir de 2023 empieza a jubilarse la generación del baby boom, por lo que el número de pensiones aumentará en casi un 50%, alcanzando los 15 millones de prestaciones. Además, la esperanza de vida entre 1975 y 2015 ha aumentado en seis años, con lo que se ha pasado de vivir 15 años en promedio una vez cumplidos los 65 a vivir 21 años, periodo en el que se estará percibiendo una pensión. Habrá más gente jubilada y menos gente en edad de trabajar por la caída de la tasa de natalidad; en consecuencia, la tasa de dependencia, que ahora está en 0,32 personas mayores de 65 años por cada persona en edad de trabajar podría llegar a 0,68 jubilados por activo en 2050.

El informe, realizado también por Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez, insiste en que para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, además de aumentar la productividad laboral, hay que adoptar medidas tanto en la vía de los ingresos (con subidas de cotizaciones y de impuestos) como en la contención del gasto de los pensionistas actuales y futuros. Entre esas medidas plantean mantener el factor de sostenibilidad (reduce la cuantía de la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida) o ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza d evida en salud; extender gradualmente el periodo de cómputo para calcular la pensión a toda la vida laboral; y una mayor relación entre las pensiones y las aportaciones realizadas como, por ejemplo, a través de cuentas nocionales.