Escrivá quiere aprobar este año un nuevo índice de revalorización de las pensiones

«El objetivo tiene que ser que el año que viene, cuando se actualicen las pensiones, sea ya con un marco de actualización a largo plazo», sostuvo Escrivá, quien, no obstante, evitó mencionar expresamente si esa subida debe hacerse en base al IPC, aunque sí precisó que «se revalorizarán de forma indefinida». Cabe destacar que en otras intervenciones recientes el ministro sí se ha mostrado partidario de una subida conforme a la inflación, tal y como lo acordó también el Pacto de Toledo la pasada legislatura, pero en esta ocasión no lo defendió, precisamente después de que Bruselas advirtiera a España del peligro de haber vuelto a vincular las pensiones con la inflación y criticara la congelación del factor de sostenibilidad.

Después de más de un mes de silencio las palabras del nuevo ministro se han alejado de los discursos catastrofistas y se han centrado en mandar un mensaje de ánimo a los once millones de pensionistas: sus prestaciones van a ser «suficientes» y el sistema va a ser «sostenible». Y también quiso dar tranquilidad a los futuros jubilados asegurándoles que sus pensiones serán «similares» a las actuales, al tiempo que quitó importancia al déficit de la Seguridad Social y al «deterioro» de la 'hucha' de las pensiones ya que se trata «fundamentalmente de temas contables».

Escrivá, no obstante, sí admitió que el gasto en pensiones seguirá creciendo en los próximos años y que aumentará en hasta tres puntos porcentuales en 2025, cuando comience a jubilarse la generación del 'baby boom'. Pero no pareció demasiado preocupado por esto siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Este gasto «será gestionable y manejable si lo hacemos bien, manteniendo pensiones suficientes y tasas de reemplazo similares a las actuales», defendió.

Para ello apostó por promover medidas en la línea de las establecidas por el Pacto de Toledo en el borrador de recomendaciones realizado en la pasada legislatura: trasladar a los Presupuestos Generales del Estado todos las partidas que no sean prestaciones contributivas, tales como gastos de personal, políticas activas de empleo, la prestación por paternidad y maternidad, entre otras. De igual manera, abogó por la necesidad de retrasar la edad real de retiro (64,4 años en la actualidad) para que converja con la edad legal (que se fijará en 67 años en 2027), para lo que propuso aumentar los incentivos ya que los actuales son «escasos».

El ministro avanzó además que ya están trabajando en otras reformas como la revisión del complemento de maternidad para adaptarlo a la sentencia del pasado año del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que estableció que estas ayudas deben abrirse a los padres porque son discriminatorias. De igual manera, tomará medidas para reducir el elevado gasto de las bajas por Incapacidad Temporal, ya que -precisó- se pueden utilizar «mejor» esos 300 millones que se destinan cada año a las comunidades autónomas para que gestionen la IT.

Más preocupado que por las pensiones se mostró Escrivá por la elevada desigualdad que hay en España, sin parangón en otros estados europeos salvo Italia. En este sentido, señaló que es el país con la tasa de pobreza severa más alta de la UE y no le tembló la voz para criticar las políticas «muy poco eficaces» que se desarrollan para erradicar este problema. «La intervención del Estado no es muy eficaz», se lamentó.

Así, el ministro anunció que a lo largo de esta legislatura se pondrá en marcha «gradualmente» el Ingreso Mínimo Vital, una medida comprometida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y que será la política de gasto más importante de la legislatura. Esta renta mínima dirigida a las personas sin recursos se articulará en torno a los principios de «eficacia, flexibilidad, suficiencia y coordinación». El diseño de esta medida será especialmente novedoso, tendrá potencia redistributiva y estará basado en métricas objetivas que permitan identificar las diferentes necesidades de inclusión de las personas, avanzó el ministro, quien precisó que se tratará de un «nivel mínimo nacional» que después puede complementar cada comunidad.