Escrivá: «Podemos abordar el futuro de las pensiones con mucha tranquilidad»

Con ello, ha despejado los temores que manifiestan algunas voces respecto a la posibilidad de que pueda haber recortes en las pensiones como consecuencia de la pandemia o de la posible petición de ayuda financiera a Europa, como sucedió en otros países durante la crisis anterior.

A este respecto, Escrivá ha afirmado que otros sistemas públicos de pensiones de otros países europeos tienen «una estructura muy diferente a la muestra» y ha defendido que España ya eliminó regímenes insostenibles de las pensiones públicas, a diferencia de lo que ocurría y continúa pasando en otros países. Al tiempo, ha insistido en que en España la edad legal de jubilación ya está en los 67 años, mientras que en otras latitudes aún se están haciendo esfuerzos por llegar a esa edad.

Asimismo, ha argumentado que esta crisis no tiene nada que ver con la anterior: en la previa, ha explicado, había dudas sobre la solvencia económica de los países, las primas de riesgo se ampliaron mucho y las agencias de rating bajaron las calificaciones crediticias de manera abrupta. Ahora, en particular España, se financia a un coste del 0,6% en el plazo a diez años, y hasta vencimientos de cinco o siete años, los tipos que afronta son negativos. Ello respalda su visión de que la percepción es de solvencia total respecto a España.

A jucio de Escrivá, tanto el mercado como los organismos internacionales entienden que las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar esta crisis «no modifican en ningún caso la estructura financiera» de España, puesto que se trata de políticas temporales que «no aumentan estructuralmente el gasto». Mientras que las medidas que sí tienen vocación de permanencia, como el ingreso mínimo vital, tienen un impacto fiscal «muy contenido».

Por ello, el ministro considera que se va a abordar la cuestión de las pensiones «sin particulares dificultades». Asimismo, está convencido de que en el Pacto de Toledo reinará el consenso. Y, por último, ha argumentado que la aproximación de Europa a esta crisis es muy distinta a la de la crisis anterior: en las circunstancias actuales, Bruselas ha abogado por el diseño de programas presupuestarios de apoyo a la recuperación y a la financiación del gasto extraordinario ligado a la Covid-19.

El ministro Escrivá también se ha referido a los ERTE y a cómo prolongarlos más allá del 30 de junio, fecha hasta la que se han extendido hasta el momento. A este respecto, ha abogado por que el esquema para su alargamiento tenga «elementos importantes de flexibilidad», tanto respecto a los plazos como sobre las exoneraciones a empresas y a la protección de los trabajadores. Asimismo, ha defendido que la extensión de los ERTE debe estar más focalizada, ha de ser más territorial y más precisa por sectores. Además, ha abogado por una evaluación cada cierto tiempo de la situación de cada una de las actividades económicas, así como de las decisiones adoptadas para cada una de ellas, dada la elevada incertidumbre existente.

Precisamente, esta tarde se reúne el equipo económico del Gobierno, formado por el propio Escrivá; la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la de Trabajo, Yolanda Díaz; o la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los agentes sociales. A esa reunión sí asistirá la CEOE, que regresa a las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos después de haber suspendido el diálogo por el acuerdo con el Ejecutivo con Bildu para derogar la reforma laboral.

Una de las cuestiones a tratar podría ser la de los ERTE. El Gobierno, en principio, estaría dispuesto a alargarlos hasta septiembre, aunque ha abierto la puerta a llevarlos hasta final de año.