El Congreso aprueba por amplia mayoría el Pacto de Toledo y empieza la reforma de las pensiones

El Pacto de Toledo marca las líneas de actuación por las que deberá regirse el Gobierno a la hora de legislar los cambios en el sistema público de pensiones. Las medidas principales recogidas en el texto son: volver a vincular la subida de las pensiones al IPC, que el Estado se haga cargo de más gastos impropios, poder elegir los mejores 25 años de cotización para el cálculo de la pensión, que se busquen medidas para acercar la edad real a la edad legal desincentivando la jubilación anticipada, que las pensiones de viudedad no discriminen a las parejas sin vínculo matrimonial previo o que se apruebe un modelo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales.

La estabilidad y viabilidad del sistema a futuro que se busca con el acuerdo ha sido puesta en valor por todos los grupos en el Congreso, a excepción de Vox, que quiso destacar el «gran déficit de la Seguridad Social, que no se soluciona traspasando gastos impropios a la Administración Central».

Se rechazaron todos los votos particulares presentados por los grupos parlamentarios, entre los que se incluían la propuesta de volver a los 65 años como la edad de jubilación legal o la de ligar las pensiones mínimas al salario mínimo (SMI). Concretamente, se habían registrado 19 propuestas de cambio, en su mayor parte procedentes de los 13 votos particulares presentados conjuntamente por ERC y EH Bildu, a los que se sumaron dos de Ciudadanos, uno del PP, otro de Compromìs y uno más de Más País. También BNG presentó un voto particular, pero que suponía una enmienda a la totalidad del texto.

Magdalena Valerio, exministra de Trabajo y actual presidenta del Pacto de Toledo, fue quien presentó las recomendaciones en el Congreso, un texto que supone el fin a una negociación después de muchas conversaciones entre los diferentes partidos políticos. Por ello, Valerio comenzó agradeciendo el trabajo de todos los portavoces de la Comisión para alcanzar el acuerdo «pese a las discrepancias». El objetivo es garantizar el futuro de las pensiones sin «desnaturalizar o hacer irreconocible» el sistema público, en un momento en el que la evolución demográfica de España hace «imprescindible» esta reforma.

Algunas formaciones aclararon que avalan el texto, aunque no le satisface por completo. Fue el caso de Unidas Podemos, donde la diputada Meri Pita aseguró que muchos colectivos de pensionistas le han comunicado estar «decepcionados» con el documento final. Desde el PP se buscaba suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones y pedían apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos, sin reducir sus deducciones fiscales. «El futuro del sistema de pensiones depende de todos y pactar requiere de generosidad y empatía; pero pactar no es tragar», argumentó el portavoz del PP.

El grupo de Ciudadanos, que también votó a favor, había presentado dos votos particulares en los que proponía más incentivos a la jubilación activa y sentar las bases de un sistema como 'la mochila austriaca', por el que los trabajadores acumulan aportaciones durante su vida laboral y pueden ser rescatadas en momentos de desempleo o en la jubilación.

ERC y EH Bildu, que se abstuvieron, fundamentaron su voto por las insuficiencias del texto, sobre todo por los «recortes» que consideran que tendrá el sistema en el futuro. El grupo vasco señaló que la situación económica actual es muy diferente a la de 2011, cuando se aprobó el último texto del Pacto de Toledo, pero que las recomendaciones siguen «obedeciendo a las órdenes de una burocracia europea que pide reducir el importe de las pensiones porque las considera generosas». Y el grupo catalán se felicitó porque «se reconoce el saqueo de los fondos de la caja de la Seguridad Social», pero critica que esto no sirve de mucho si no se propone un «plan de reposición de lo que se ha sacado».