Los cambios que traerá la futura reforma de las pensiones

No será esta una reforma de calado, como las que se hicieron en 2011 y 2013, pero, por mucho que lo pretendan edulcorar, supondrá otra vuelta de tuerca que endurecerá aún más las condiciones para jubilarse, porque uno de los grandes objetivos es retrasar la edad de retiro. Además, se abre la puerta a tener en un futuro pensiones menos generosas, ya que el Pacto de Toledo apuesta por «conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador en la determinación de la cuantía de su pensión». Y ampliar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora provoca generalmente una reducción de la pensión media.

No hay que olvidar que lo que se pretende, además de terminar con la actual incertidumbre, es lograr la sostenibilidad del sistema. Y para ello hace falta ajustar gastos y aumentar los ingresos, que es, en definitiva, lo que busca esta reforma que ahora se inicia y que supondrá también un cambio en el sistema de cotización de los autónomos.

Una de las primeras medidas que se pondrá en marcha para cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo es aprobar –previsiblemente en las primeras sesiones del año– una nueva fórmula para revalorizar de forma automática las pensiones «en base al IPC real» que ponga fin al controvertido 0,25%. Falta por saber cuál será el mecanismo elegido, pero cabe destacar que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez tenía preparada una ley para referenciarlas con la media de la inflación de los últimos doce meses. Además, todo apunta a que en esa ley se recogerá el compromiso de que, si los precios subieran más de lo estimado, los pensionistas recibirán a principios del año siguiente una paga con la diferencia.

El Pacto de Toledo ha dado un plazo al Gobierno para acabar con el déficit de la Seguridad Social, que este año superará los 45.000 millones a consecuencia de la pandemia. En 2023 las cuentas del sistema tienen que cuadrar, y para ello la principal medida será destinar las cotizaciones sociales «exclusivamente a financiar prestaciones contributivas» y sacar todos los gastos que no sean propiamente de pensiones, que hasta ahora suponían casi 23.000 millones al año.

En los Presupuestos para 2021 el Estado ya asume el 60% de estos gastos aportando 13.929 millones en transferencias, que corresponden a incentivos a la contratación, prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, etc. El siguiente paso será poner punto y final a los préstamos del Estado para pagar las pensiones y que se haga con trasferencias directas, pero en 2021 todavía habrá un crédito de 13.830 millones.

El gran reto que tiene por delante esta reforma es retrasar la edad de jubilación. Y hacerlo sin que haya cambios en la edad legal, que será de 67 años en 2027. El Gobierno ya ha anunciado que una de las líneas en la que trabajará –y que verá la luz en el primer semestre del año– es aumentar los incentivos para quienes decidan retrasar su jubilación más allá de la edad legal, algo que apenas hacen un 5% de los nuevos pensionistas. Además, se reforzarán las fórmulas que ya existen para compaginar la pensión con el trabajo, algo que también es minoritario. Pero no solo eso, sino que jubilarse antes de la edad legal tendrá una penalización mayor a la que ya existe.

El Gobierno trabaja ya en un nuevo sistema que «corregirá los elementos distorsionantes de la regulación de las jubilaciones anticipadas», con el objetivo de evitar la avalancha de personas que adelantan el retiro, más de cuatro de cada diez. El nuevo diseño endurecerá las condiciones, principalmente de aquellos que así lo deciden libremente (uno de cada seis nuevos pensionistas). Lo que pretende Escrivá es que el coste de jubilarse antes de la edad que le correspondería sea siempre una reducción real del 8% por cada año de adelanto. Para ello establecerá que los coeficientes reductores se apliquen sobre la pensión y no sobre la base reguladora.

Sin embargo, es más que probable que el Ejecutivo establezca alguna excepción a penalizar la jubilación anticipada, como puede ser en el caso de personas con largas carreras de cotización y, especialmente, aquellos que se han visto forzados a jubilarse al ser despedidos. De hecho, el Pacto de Toledo insta al Gobierno a dar una respuesta a estas situaciones en el plazo de tres meses.